Con 44 votos a favor y 23 en contra, la Cámara alta sancionó el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. También aprobó el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y dejó fuera del temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Inocencia Fiscal II, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La votación contó con 44 votos positivos, 23 negativos y ninguna abstención. El proyecto busca introducir modificaciones en el cumplimiento tributario, flexibilizar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y limitar los mecanismos de control y fiscalización del fisco (Arca).
El objetivo central del Gobierno es incentivar la formalización y repatriación de unos USD 170.000 millones que se estiman fuera del sistema financiero. Durante el debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, cuestionó el nombre del proyecto y afirmó: «Voy a proponer un proyecto para que el 17 de septiembre sea considerado el día de los inocentes. Es para los que evadieron, el narcotráfico, los (José Luis) Espert. En realidad, esta es una ley de blanqueo, de lavado fiscal y a medida para algunos funcionarios como Manuel Adorni». Agregó: «Con esta ley Adorni va a poder justificar todo» y sostuvo que «esta ley no es para los trabajadores, no es para los jubilados ni pensionados. Si hablamos de los asalariados estamos hablando de más de 13 millones de personas, por eso esta ley no es para ellos».
La defensa del oficialismo estuvo a cargo de la senadora Bullrich, quien al cierre del debate manifestó: «Es un paso importante para una Argentina con mayor seguridad jurídica». También expresó que «el enemigo más grande de esos ciudadanos que han ahorrado ha sido el Estado» y concluyó: «Los funcionarios van a poder acceder a la simplificación, pero no a los beneficios de la simplificación».
En la misma sesión, con 44 votos a favor y 21 negativos, el Senado aprobó el traspaso de la Justicia de Menores a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Bullrich pidió apoyar el proyecto para «igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias» y argumentó: «Ha habido una serie de convenios que fueron trasladando competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Esto viene a completar un traspaso de la Justicia para igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, y también hay que reconocer que esta competencia libera al país del pago de la justicia nacional, que la paga el conjunto del país, pero solamente juzga los casos ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires».
Desde la oposición, el chaqueño Jorge Capitanich cuestionó el traslado: «La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia», afirmó, y agregó que «se les quitan recursos a las provincias para darle más dinero a la ciudad más rica del país».
La sesión estuvo cruzada por críticas del bloque justicialista al titular del Banco Central, Santiago Bausili, cuyas declaraciones sobre el destino de las reservas de oro motivaron que el oficialismo dejara fuera de la agenda el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto establece los mecanismos de designación y remoción de los directores del organismo.
Los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria insistieron con que la información brindada por Bausili sigue sin determinar dónde se encuentran las reservas ni qué operaciones se realizaron con ellas. «El Banco Central debe informar si los activos fueron depositados en el exterior, utilizados como garantía, vendidos o colocados para obtener rendimientos», dijo López, y agregó: «La Auditoría General de la Nación aún no concluyó su revisión sobre la trazabilidad del oro».
Soria impulsó una moción de preferencia para que Bausili vuelva a las comisiones del Senado y presente un informe detallado sobre esas operaciones. El legislador sostuvo que los senadores no deben «invertir la carga de la prueba» frente a decisiones que corresponden a las autoridades de la entidad monetaria. La propuesta no fue aprobada por el recinto.