El Poder Ejecutivo provincial ingresó este jueves una iniciativa que crea un sistema de control de trazabilidad, modifica el Código Procesal Penal y el Código de Faltas para desalentar la compraventa ilegal de dispositivos móviles.
El jueves 3 de abril ingresó al Senado de Santa Fe un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial, con el compromiso de darle preferencia en la próxima sesión. La iniciativa busca desarticular el mercado clandestino de celulares robados, que son reutilizados enteros o por partes y, en muchos casos, utilizados para cometer otros delitos.
El proyecto propone aumentar los controles sobre la trazabilidad de los dispositivos, crear nuevos registros y reformar el Código Procesal Penal y el Código de Faltas para sancionar a quienes compren o vendan teléfonos de origen ilícito. Según los fundamentos, el robo de celulares dejó de ser un hecho delictivo aislado para convertirse en parte de una economía criminal organizada.
El mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro consta de 24 artículos divididos en seis títulos e incluye disposiciones transitorias. El texto propone la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, que otorgaría un marco normativo para prevenir, detectar, investigar y desarticular estos mercados.
Entre las medidas, se establece que la Policía podrá requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico único (IMEI) de su teléfono y verificar su situación registral en la base oficial. Si el sistema arroja una irregularidad, el personal policial podrá realizar una requisa y secuestrar el dispositivo, con comunicación inmediata al Ministerio Público de la Acusación.
La iniciativa también modifica el artículo 19 del Código Procesal Penal para permitir que el MPA pueda prescindir de la acción penal si una persona entrega voluntariamente un dispositivo de origen ilícito ante el primer requerimiento, siempre que no haya otro delito más grave. En el Código de Faltas se reforma el artículo 58 para sancionar la negativa injustificada a colaborar con medidas de identificación o autenticación de dispositivos, con arresto de hasta 20 días o multa de hasta 10 Jus.
En cuanto a las sanciones administrativas, el artículo 19 del proyecto establece multas de hasta 1.000 unidades Jus (equivalentes a $144.803.040), decomiso de mercaderías, clausura del establecimiento o suspensión de la autorización para funcionar por hasta 30 días.