La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso una revisión integral de los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 tras detectar una diferencia de hasta 8.000 expedientes entre los registros del Poder Judicial y los del Ministerio Público Fiscal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, mediante una acordada firmada por su presidente Aníbal Pineda, ordenó una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, y N° 4, conducido hasta su jubilación por Marcelo Bailaque, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La medida se adoptó tras detectarse una diferencia entre el sistema informático del Poder Judicial (Lex 100), que registra cerca de 8.000 causas del sistema inquisitivo sin finalizar, y el Ministerio Público Fiscal (MPF), que identificó 1.180 expedientes ingresados desde 2020 o 2021 que no presentaban movimiento y que comenzaron a ser derivados a las fiscalías.
El plan de acción establece dos etapas. En la primera, los secretarios de ambos juzgados disponen de 48 horas para fundamentar la metodología usada en la confección de sus planillas estadísticas y adecuarlas a las directivas de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. En la segunda, la Cámara cruzará la información contable con la nómina de las 1.180 causas aportadas por el MPF para auditar expediente por expediente.
Las autoridades del fuero manejan dos hipótesis sobre el origen de la discrepancia. Una señala la posible inflación estadística, es decir, el mantenimiento de causas ya cerradas para abultar el volumen de trabajo y evitar la reasignación de personal. La otra hipótesis apunta al cajoneo deliberado de denuncias que no fueron notificadas a los fiscales ni recibieron trámite alguno. La auditoría buscará determinar si la falta de movimiento responde a negligencia o a una acción intencional.