El jurado del juicio de Lindsay Clancy delibera por tercer día consecutivo sin alcanzar un veredicto. La exenfermera está acusada de estrangular a sus tres hijos en 2023.
El jurado del juicio de Lindsay Clancy pasó este lunes su tercer día consecutivo de deliberaciones sin llegar a un veredicto sobre si la exenfermera de partos es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos en 2023.
El jueves, en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, el jurado comenzó a deliberar tras escuchar el testimonio de más de 70 testigos de la fiscalía, incluido su entonces marido, y diez testigos de la defensa durante cinco semanas.
Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos. Su abogado sostiene que actuó sin contacto con la realidad debido a una psicosis posparto, una enfermedad mental poco común que puede aparecer tras dar a luz. En los meses previos a los hechos, Clancy buscó tratamiento para su salud mental y fue ingresada en un hospital psiquiátrico.
Los fiscales, por su parte, afirman que Clancy era consciente de sus actos y que estranguló a los niños por depresión y cansancio vital, tomando la decisión deliberada de matarlos antes de intentar suicidarse.
El jurado puede declararla culpable de asesinato o de homicidio involuntario, o absolverla si considera que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Las posibles consecuencias incluyen cadena perpetua, libertad o internamiento en un centro de salud mental.
Las víctimas fueron Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses. Fueron estrangulados el 24 de enero de 2023 con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de la casa familiar en Duxbury, Massachusetts. Clancy intentó suicidarse saltando desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de la cintura para abajo.
Lindsay Clancy, de 36 años y originaria de Wallingford, Connecticut, se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. No testificó durante el juicio, pero el jurado escuchó testimonios de profesionales médicos, amigos y familiares sobre sus problemas de salud mental.
Los expertos médicos convocados por la fiscalía y la defensa discreparon sobre su probable estado mental al momento de los hechos.