Testimonios de una ex empleada y de la hija de un residente describen presuntas irregularidades en la administración de bienes, pensiones y medicamentos en establecimientos bajo investigación.
Una nueva denuncia se incorporó al expediente que investiga a la responsable de varios geriátricos de Santa Fe y Santo Tomé. Los testimonios de una ex empleada y de la hija de un hombre que estuvo alojado en esos establecimientos describen un posible sistema de manejo de documentos, pensiones, medicamentos y viviendas de los adultos mayores.
La ex empleada, identificada como Melina, declaró que la mujer imputada por abandono de persona habría recibido o controlado propiedades de residentes. Según su relato, ofreció a trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de viviendas que quedaban disponibles tras el fallecimiento de los adultos mayores.
Melina afirmó: «Nos ha ofrecido establecimientos, casas que supuestamente a ella le daban por parte de las personas que fallecían». También mencionó dos inmuebles utilizados para abrir nuevos hogares, uno en la zona de Ocampo y otro en Santo Tomé. En un caso, el propietario original todavía estaría con vida.
Por otra parte, D. R., hija de un residente, presentó denuncias desde el 22 de abril. Relató que entregó el DNI y la tarjeta de cobro de la pensión de su padre para su ingreso al hogar de calle Salvador del Carril. La tarjeta quedó en poder de la responsable del establecimiento.
D. R. declaró que el 22 de abril la responsable retiró el dinero de la pensión de su padre y no lo devolvió, argumentando que correspondía al pago de servicios. La denunciante también cuestionó la administración de medicamentos y la atención médica recibida.
Melina describió un mecanismo similar: familias entregaban dinero para medicamentos y se utilizaban remedios de otros residentes. Afirmó que la responsable, por su condición de enfermera, habría reemplazado medicamentos indicados por médicos.
La denuncia de D. R. también alcanza a organismos estatales. Sostuvo que una asistente social la amenazó con denunciarla por abandono de persona cuando reclamaba el DNI y la tarjeta de cobro. También afirmó que en una dependencia pública le indicaron que necesitaba una denuncia para intervenir en un establecimiento privado.
D. R. expresó disconformidad con la respuesta de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini. Las acusaciones deberán ser verificadas mediante documentación, registros de propiedad y declaraciones de testigos.