La conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía se extendió hasta el 21 de agosto. La decisión se tomó en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en la que se discutió el anuncio de cierre de la fábrica de caucho sintético de Puerto San Martín.
La conciliación voluntaria por el conflicto de Pampa Energía se extendió hasta el próximo 21 de agosto. La decisión se tomó durante una nueva audiencia realizada en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en la que empresarios y representantes del gremio petroquímico discutieron sobre el anuncio del cierre de la fábrica de caucho sintético de Puerto San Martín.
Se trata de la segunda extensión de la tregua en el conflicto que involucra el futuro de 130 puestos de trabajo. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se informó que en la audiencia se resolvió prorrogar la conciliación voluntaria, con efectos de obligatoria.
El gremio recordó que el lunes se llevó adelante una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo y del área de Producción de la provincia, durante la cual “se abrió una mesa de trabajo para analizar la situación y buscar alternativas que permitan preservar los puestos de trabajo”.
“Valoramos esta instancia, pero entendemos que la provincia debe profundizar su participación para encontrar una salida que permita sostener la única producción de caucho sintético del país”, indicaron desde el sindicato.
El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, recordó que “desde el primer día planteamos que este conflicto excede a los trabajadores directamente afectados” ya que “está en juego una industria fundamental para Santa Fe, para el desarrollo del cordón industrial y para una cadena productiva que necesita que el país conserve capacidades que llevó décadas construir”.
Agregó que el gremio seguirá “trabajando en cada ámbito necesario para defender los puestos de trabajo y generar las condiciones que permitan sostener esta producción en nuestra provincia”.
A fines de julio, Pampa Energía anunció el cierre de la única fábrica de caucho sintético del país, que opera en el complejo industrial del grupo Mindlin en Puerto San Martín. La firma asoció la decisión al cierre de una de las principales demandantes de ese producto, la planta de neumáticos de Fate. Sin embargo, desde el gremio señalaron que la producción de esa unidad tiene también otros mercados de insumos industriales.
El Soepu denunció que la crisis amenaza con liquidar lo que queda de actividad petroquímica en el cordón industrial y reclamaron que el gobierno provincial se involucre para discutir una estrategia de salvataje.
El conflicto se desató en un marco complejo para la economía real. En Santa Fe cayeron 3 mil empresas desde que asumió el gobierno Javier Milei, y se perdieron unos 20 mil puestos de trabajo formales.
Lácteos Verónica
La crisis atravesó a empresas de todos los tamaños y sectores. Uno de los conflictos más emblemáticos también se da en la industria láctea, con la empresa Verónica, cuyos 700 trabajadores siguen sin cobrar desde hace ocho meses. En ese marco, el diputado provincial Carlos del Frade (FAS) presentó un proyecto en la Legislatura santafesina para exigir al Ejecutivo provincial que intime a los titulares de la empresa a pagar los salarios adeudados. También para retrotraer los cincuenta despidos de personal administrativo que se produjeron entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto de 2026.
También reclama a la provincia que verifique si algunas de las plantas están trabajando para capitales mexicanos en alquiler que se tributa a la familia Espiñeira, la propietaria y responsable de “esta estafa a las trabajadoras y los trabajadores de la provincia de Santa Fe”, planteó Del Frade.
“La estafa a los trabajadores es de tal dimensión que todos los meses les llegan los recibos de sueldo pero jamás les depositan sus salarios, una medida empresarial más parecida a la provocación que a la solución del conflicto producido por la familia Espiñeira, propietaria de la misma”, se quejó.
Ola de despidos
En todo el país, una nueva ola de despidos sacude el tablero económico en diversas provincias. Tecnología, alimentos y textiles, entre otros, son algunos de los rubros que tuvieron desvinculaciones recientes. En Tierra del Fuego, Mirgor, de la familia Caputo, despidió a cerca de 300 trabajadores. La decisión de la compañía se da en medio de un duro conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con protestas y medidas de fuerza incluidas.
En tanto, en Entre Ríos la empresa avícola Tres Arroyos despidió a 250 de los 900 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay. En los telegramas enviados a los operarios, la firma justificó la decisión por “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias que afectaron de manera directa el normal desenvolvimiento”.