El Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la suspensión temporal del Decreto 690/2026, creó una mesa intersectorial y dispuso una rebaja del 20% en las tarifas del servicio de practicaje.
El Gobierno nacional formalizó este jueves, mediante el Decreto 716/2026 publicado en el Boletín Oficial, la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, que había establecido un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina. La medida se adoptó tras el conflicto con los prestadores del servicio, que realizaron medidas de fuerza y paralizaron el movimiento de buques en los puertos del país.
El Decreto 690/2026, emitido una semana antes, actualizaba la normativa de la Ley de Navegación N° 20.094, eliminando exigencias y disposiciones consideradas obsoletas que funcionaban como barreras para el ingreso de nuevos prestadores al mercado. Ante el rechazo de los prácticos, que iniciaron un paro, se registraron pérdidas de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los 185 buques varados.
Tras una reunión de urgencia convocada por el Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo y los representantes del sector acordaron: la reactivación inmediata de las prestaciones, la suspensión del Decreto 690/2026, la conformación de una mesa intersectorial para redactar un nuevo reglamento consensuado y una disminución del 20% sobre las tarifas vigentes.
El Decreto 716/2026 restituyó la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas por el decreto suspendido. Además, creó formalmente la Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad, integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.
La norma instruye a las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la ANPYN a adoptar las medidas operativas necesarias para resguardar la seguridad y asegurar la continuidad de la navegación y de la actividad portuaria en todo el país.