El municipio de Rosario puso en marcha una ordenanza aprobada por unanimidad que establece un protocolo preventivo de tres pasos para combatir las carreras clandestinas, con sanciones progresivas que incluyen multas de hasta 2.500 Unidades Fijas, secuestro de vehículos e inhabilitaciones para conducir.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, surgió a partir de reclamos reiterados de vecinos de Alberdi, La Florida, Alvear y otros barrios, además de denuncias vinculadas a la zona de bulevar Oroño y Lamadrid y la costanera norte, donde las carreras clandestinas continuaban pese a la infraestructura física instalada para frenarlas.
“No existe el derecho a poner en peligro la vida de los demás. El que usa una calle para correr una picada rompe el pacto básico de convivencia sobre el que funciona lo que es de todos”, planteó la autora de la iniciativa. “La gente no puede convivir con amenazas a la vida. Frente a eso, el Estado tiene que responder con autoridad, prevención y consecuencias claras”, agregó.
El cambio de paradigma en el control
La ordenanza reemplaza el esquema de “reacción por denuncia” por un protocolo de actuación preventiva de tres pasos, obligatorio e indivisible para las áreas de control. Primero, la dispersión de focos: intervención antes de que arranque la picada, directamente en los puntos de encuentro previo, estaciones de servicio, playones y canteros. Segundo, el cerrojo y secuestro: operativos de cierre para interceptar a los vehículos y proceder al secuestro inmediato. Tercero, la persistencia del operativo: el control no se levanta apenas se dispersa el grupo, sino que la norma obliga a mantener una guardia y monitoreo por cámaras para evitar el efecto rebote.
“No alcanza con reaccionar después del daño. Esta ordenanza obliga al Estado a disponer la inteligencia y los medios de control del Estado antes de que la picada arranque”, ahondó Arias en relación a este cambio de paradigma.
La ordenanza también habilita a la Secretaría de Control y Convivencia a coordinar directamente con estaciones de servicio y comercios para fiscalizar a los vehículos que usan esos predios como punto de encuentro, y crea un programa obligatorio de reeducación vial para los infractores, con testimonios de víctimas de siniestros y contenido sobre las consecuencias legales y físicas de correr picadas.
Sanciones más duras
La ordenanza modifica algunos ítems del Código de Convivencia e introduce un régimen progresivo, calculado en Unidades Fijas (UF), cuyo valor nominal equivale al precio de un litro de nafta súper de YPF. En Rosario, con la UF a 2.269 pesos, la escala queda así:
- Primera infracción: de 300 a 600 UF (de 680.700 a 1.361.400 pesos), con secuestro del vehículo, 90 días sin poder tramitar o renovar el registro, y curso obligatorio de reeducación vial.
- Primera reincidencia: de 600 a 1.200 UF (entre 1.361.400 y 2.722.800 pesos), con inhabilitación para trámites de licencia extendida hasta un año.
- Segunda reincidencia: de 1.200 a 2.500 UF (entre 2.722.800 y 5.672.500 pesos). El municipio pedirá ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial la inhabilitación judicial definitiva para conducir.
Desde el sector libertario sostienen que lo fundamental de la norma no es la multa en sí, sino que Rosario pasa a contar con un protocolo de intervención formal, algo que hasta ahora no existía: un marco que le da a los inspectores y a las fuerzas de control herramientas concretas para perseguir este tipo de infracciones antes de que ocurran, y no solo para sancionarlas después. “El espacio público no es de quien cree que puede hacer lo que quiere con él. Es de todos los vecinos, con ley y orden como condiciones esenciales”, sostuvo Arias.
Además, el vehículo secuestrado no se devuelve automáticamente al pagar la multa. La ordenanza incorpora el decomiso de autopartes no homologadas y todo elemento que haya sido modificado para aumentar potencia o velocidad, cuyo desarme y disposición corre por cuenta y cargo del infractor. Recién con un certificado de seguridad vial firmado por un ingeniero mecánico matriculado, que acredite que el auto cumple con las condiciones de homologación, el Juzgado Municipal de Faltas autoriza la restitución de la unidad.
Entre enero y junio de este año fueron remitidos más de 500 vehículos por infracciones vinculadas al tránsito, un número que tomó como indicador de que el municipio necesitaba herramientas más específicas frente a un fenómeno que, sostiene, mutó hacia una modalidad organizada que rota por distintos puntos de la ciudad para evadir los controles fijos.
Picadas trágicas, los casos más resonantes
En marzo de 1997, Sebastián Rodrigo Pira, al mando de un Ford Galaxy, atropelló a más de 130 kilómetros por hora a Celeste Haiek y Daniela Caruso. Ambas fallecieron. Pira se fugó y nunca cumplió condena.
El 22 de mayo de 2005, Matías Capozucca iba al mando de un BMW a alta velocidad por avenida Rivadavia y Rodríguez. Chocó contra un árbol, provocando dos muertes y heridas gravísimas a otra ocupante.
En marzo de 2016, en Río Negro y Campbell, el mecánico Juan Carlos Schmitt arrolló fatalmente a un repartidor que iba en moto, Damián Orgaz, a bordo de un Audi TT.
En julio de 2017, Andrés Alejandro Muñoz viajaba en un Fiat Duna cuando fue embestido por uno de los autos que disputaban una picada a más de 110 km/h por 27 de Febrero y Necochea. Murió en el acto.
El 6 de marzo de 2019, Gastón Dlugovitzky, de 21 años, atropelló y mató a Fabián Cragnolino, empleado de la comuna de Ibarlucea, mientras corría picadas en San Martín y Garibaldi. Iba entre 128 y 155 km/h.
En marzo de 2021, David Alejandro Pizzorno y su hijo Valentino, de 8 años, murieron al ser embestidos por un Citroën C4 que circulaba a 134 km/h en Avenida del Rosario y Ayacucho. El conductor, Pablo Mancini, corría una picada contra otro auto.
En noviembre de 2021, dos autos impactaron en avenida Francia y Córdoba. Uno de ellos tenía el velocímetro clavado en 120 km/h.
El 21 de enero de 2025, un joven de 20 años salió del túnel Arturo Illia al mando de un Peugeot 206 a 120 km/h tras una presunta picada. Perdió el control y arrolló a una familia cordobesa en la costanera central. Murieron Tania Daniela Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina Magalí García, de 16. Una nena de 6 años quedó con politraumatismos graves; el padre, Diego García, resultó ileso.