La iniciativa propone garantizar el acceso a repuestos y reparaciones para alargar la vida útil de productos electrónicos y electrodomésticos.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone combatir la obsolescencia programada, una práctica que genera debate entre consumidores, fabricantes y organizaciones ambientalistas. La iniciativa, denominada Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER), fue presentada por la diputada Marcela Pagano.
El proyecto establece que fabricantes e importadores deberán garantizar la disponibilidad de repuestos durante un plazo mínimo posterior a la discontinuación de cada producto. Para electrodomésticos de línea blanca, ese período no podrá ser inferior a diez años. También deberán facilitar manuales de reparación, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español y formato digital.
Uno de los puntos centrales es prohibir las barreras a la reparación, como bloqueos de software, sistemas de emparejamiento de componentes o mecanismos que impidan instalar repuestos compatibles o restaurar el funcionamiento de un equipo luego de una reparación legítima. Además, propone que las actualizaciones de software no puedan reducir las prestaciones ni afectar deliberadamente el rendimiento de los equipos, y prohíbe utilizar sistemas de inteligencia artificial para degradar intencionalmente el funcionamiento de un producto.
El proyecto también prevé la creación de un índice de reparabilidad, que informaría al consumidor sobre la facilidad para desmontar el equipo, la disponibilidad y costo de repuestos, el acceso a documentación técnica, la complejidad de las reparaciones y la vida útil estimada.
Según la iniciativa, la obsolescencia programada consiste en diseñar o fabricar productos con una vida útil deliberadamente limitada o con características que dificultan su reparación, obligando al consumidor a reemplazarlos antes de que sea realmente necesario. Esto puede manifestarse a través de fallas físicas, actualizaciones de software que degradan el rendimiento, imposibilidad de acceder a piezas de repuesto, componentes sellados o sistemas electrónicos que bloquean el funcionamiento con piezas no autorizadas.
No es la primera vez que este tema llega al Congreso. Durante los últimos años fueron presentados distintos proyectos con similares objetivos, pero todos perdieron estado parlamentario antes de llegar al recinto. Actualmente, la protección de los consumidores se encuentra regulada principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoce garantías y responsabilidades de fabricantes y vendedores, pero no contempla un régimen integral sobre reparabilidad ni prohíbe expresamente la obsolescencia programada.
Mientras tanto, varios países ya avanzaron con regulaciones específicas. La Unión Europea aprobó normas que obligan a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de repuestos, facilitar información técnica y ofrecer alternativas de reparación. Francia exige desde 2021 que celulares, computadoras, televisores y lavarropas exhiban un índice de reparabilidad. En Estados Unidos, estados como California, Nueva York, Minnesota y Colorado aprobaron normas que obligan a los fabricantes a suministrar repuestos, herramientas y documentación técnica.
La discusión sobre el derecho a reparar excede el interés individual de quien compra un electrodoméstico o un teléfono celular. Sus defensores sostienen que prolongar la vida útil de los bienes reduce el volumen de residuos, disminuye la extracción de materias primas, genera empleo en talleres de reparación y favorece la fabricación nacional de repuestos. En sentido contrario, se advierte que una regulación demasiado amplia podría incrementar costos, afectar la protección de la propiedad intelectual y generar riesgos vinculados con la seguridad o el funcionamiento de equipos reparados fuera de la red oficial.