La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que modifica el Código Penal para aumentar penas contra barrabravas y dirigentes.
En medio del Mundial de Fútbol, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles el tratamiento del proyecto de «ley anti barras» enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa establece un «régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos».
La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó para este miércoles desde las 12 horas. Se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de la iniciativa que modifica el Código Penal.
El proyecto del Gobierno tiene como punto central el aumento de las penas a los barrabravas, al configurarse un nuevo «tipo especial de asociación ilícita». La propuesta, diseñada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impone penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de clubes que colaboren o tengan connivencia con los barrabravas.
Se autoriza a investigar a los dirigentes que, por ejemplo, entreguen entradas o mantengan vínculos económicos irregulares con los barras. Al igual que en anteriores Mundiales, existen sospechas de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría entregado pasajes de avión y entradas a grupos de barrabravas de distintas hinchadas.
La iniciativa contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión «al que dañare muebles o inmuebles» de un espectáculo deportivo. También dispone penas de entre 3 años y 6 meses a 6 años para quien «portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes». Se establece un rango de 4 a 8 años para quien «introdujera, guardare o portare elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos», y de 4 a 10 años por portar «armas de fuego o artefactos explosivos».
Otras penas excarcelables aplican cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante violencia. La distribución ilegal de entradas tendrá penas de dos a seis años de prisión, al igual que la reventa irregular.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que «las organizaciones delictivas ligadas al deporte, especialmente pero no únicamente al fútbol, no solo desarrollan su violento accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos». Agrega que «los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro».
El texto señala que «en distintas jurisdicciones del país, se han registrado graves agresiones a hinchas de determinados equipos, por el solo hecho de ser simpatizantes». Concluye que «el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas».