La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto que crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo. La iniciativa, conocida como Ley Ema, espera su tratamiento en el Senado.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto que crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo. La iniciativa, presentada por la diputada Celia Arena, ahora espera su tratamiento en el Senado. De ser aprobada, Santa Fe se convertiría en la primera provincia del país en contar con una legislación específica sobre esta problemática.
La ley lleva el nombre de Ema, una adolescente de 15 años que se suicidó en agosto de 2024 luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo entre estudiantes de su escuela. Tras su muerte, su madre inició una campaña para visibilizar la violencia digital e impulsar una ley que brinde a las escuelas herramientas para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia digital.
Según explicó Laura, madre de Ema, el trabajo comenzó el año pasado con el acompañamiento de legisladores provinciales y luego se fortaleció junto a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. “Se nota que hay un trabajo previo. Cuando hablamos con los chicos y las chicas se percibe que no hay un vacío ni un desconocimiento sobre la violencia digital”, sostuvo.
Para la activista, el principal error consiste en seguir creyendo que internet es un espacio paralelo. Durante años el debate sobre la relación entre adolescentes y tecnología estuvo atravesado por una misma preocupación: cuánto tiempo pasaban frente a una pantalla y qué contenidos consumían. “Nos preocupamos mucho por lo que consumen en internet, pero muy poco por lo que construyen”, resumió.
Los adolescentes ya no son solamente espectadores de internet, también producen contenidos, participan de grupos, viralizan imágenes, difunden rumores, organizan campañas de hostigamiento, construyen reputaciones, sostienen amistades, se enamoran, se separan y resuelven conflictos. Muchas veces, incluso, pueden ejercer violencia digital sin ser plenamente conscientes de las consecuencias de una captura de pantalla, un reenvío o un comentario.
En ese cambio de rol, sostiene, aparece también una nueva responsabilidad. “Antes de hacer ese clic hay que pensar un segundo en la otra persona”, dijo. Para ella, educar en ciudadanía digital implica enseñar que detrás de cada perfil hay una persona real. “La responsabilidad no es solamente enseñarles a cuidarse. También tenemos que enseñarles a convivir”, precisó.
Durante las capacitaciones que encabeza suele proponer un ejercicio: invita a los propios estudiantes a redactar un código de convivencia digital para su escuela. “La respuesta de los chicos siempre nos sorprende. Tienen muchísimo para decir. A veces el problema es que los adultos seguimos creyendo que somos los únicos que podemos enseñar”, resaltó.
La necesidad de una legislación específica se apoya también en la magnitud del problema. Según datos de la Unesco, en Argentina se registran cada año alrededor de 6.000 denuncias por ciberacoso infantil, una cifra que ubica al país entre los de mayor incidencia de América Latina. El organismo también advirtió que son pocos los países que cuentan con un marco jurídico integral para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas.
El proyecto alcanza a todas las escuelas públicas y privadas de la provincia e involucra no solo a estudiantes y docentes, sino también a equipos directivos, personal no docente y familias. Entre sus principales ejes, incorpora contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento y privacidad en los programas escolares; prevé capacitaciones para docentes y equipos educativos; establece protocolos de actuación frente a casos de violencia digital y garantiza acompañamiento psicológico, pedagógico y legal para las víctimas.
Además, el proyecto contempla situaciones como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso y hostigamiento en redes sociales, la sextorsión, el grooming, la suplantación de identidad, la difusión no autorizada de datos personales, los discursos de odio y la utilización de inteligencia artificial para crear contenidos destinados a dañar o humillar a una persona.
Al fundamentar la iniciativa en el recinto, Arena sostuvo que “cuando hablamos de violencia digital, hablamos de situaciones reales que atraviesan la vida de chicos y chicas todos los días. Lo que pasa en redes no queda en las redes: impacta en la escuela, en las familias y en la vida”. La legisladora también remarcó que la media sanción representa “un paso fundamental para que ninguna familia vuelva a sentirse sola ante estas situaciones”.
Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, una de las herramientas que ya comenzó a difundirse es la denominada Guía Ema, un material gratuito elaborado por especialistas y organizaciones que puede descargarse libremente. Aunque inicialmente fue pensada para las escuelas, Sánchez aseguró que el documento hoy es utilizado por familias, profesorados, universidades e incluso por adolescentes. “La guía camina sola. Se descarga muchísimo porque es muy sencilla y brinda herramientas concretas. Queremos que la ley le dé un marco normativo, pero aunque todavía no exista, la guía ya permite empezar a trabajar”, explicó.
Además de la capacitación desarrollada este jueves, la agenda de Sánchez en Rosario incluyó reuniones con el defensor provincial y con legisladores, entre ellos el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, para impulsar la aprobación definitiva de la ley. También participó de actividades abiertas con escuelas y de un encuentro comunitario en la Biblioteca Pocho Lepratti. “Nuestro objetivo es que no haya ni una Ema menos. Si las leyes no se militan, aunque se aprueben, terminan guardadas en un cajón. Por eso seguimos recorriendo el país, hablando con docentes, con familias y con los chicos”, concluyó.