La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario manifestó su preocupación ante iniciativas que plantean eliminar o reducir los beneficios del Régimen de Zona Fría.
La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario expresó su preocupación ante las iniciativas que plantean la eliminación o reducción de los beneficios contemplados en el Régimen de Zona Fría.
Según señaló la Oficina en un comunicado, el régimen permitió amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios sobre miles de hogares y constituye un alivio para familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de servicios esenciales.
La Oficina sostuvo que las políticas públicas deben contemplar las realidades territoriales y sociales del país. Afirmó que el acceso a la energía no debe analizarse únicamente desde una perspectiva fiscal, sino también desde su impacto en la vida cotidiana de las personas. Indicó que para muchos hogares, especialmente de sectores medios, jubilados y familias con ingresos ajustados, el servicio de gas es una necesidad básica.
En Rosario, la Oficina observa diariamente consultas vinculadas a dificultades para afrontar tarifas, refinanciaciones, endeudamiento y situaciones de vulnerabilidad económica que se profundizan cuando aumentan los costos de los servicios públicos.
Por ello, consideró que cualquier modificación al régimen vigente debe realizarse con criterios de gradualidad, razonabilidad y protección efectiva de los usuarios y consumidores, evaluando el impacto sobre millones de argentinos.
La Oficina declaró que defender mecanismos que atenúen el peso de las tarifas sobre los hogares no implica desconocer la necesidad de discutir la sustentabilidad de los sistemas de subsidios, sino reconocer que las políticas públicas deben encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección de derechos esenciales.
Finalmente, la Oficina afirmó que seguirá acompañando, asesorando y defendiendo a los usuarios y consumidores, promoviendo decisiones que contemplen la realidad de las familias y garanticen condiciones de acceso razonables a los servicios públicos esenciales.