Un proyecto de resolución presentado en el Congreso solicita la derogación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que eliminó los subsidios a pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos.
En las últimas horas se presentó en el Congreso un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que eliminó el régimen de compensaciones económicas vigente desde 2018 para las empresas de transporte de larga distancia. La iniciativa solicita además que se restablezcan mecanismos para garantizar el acceso al transporte gratuito contemplado por distintas leyes nacionales.
Qué cambia con la resolución
La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, elimina los subsidios que el Estado nacional otorgaba a las compañías de transporte para cubrir parte del costo de los boletos gratuitos obligatorios. El gobierno aclaró que las empresas siguen obligadas por ley a entregar pasajes sin cargo a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños y adolescentes con cáncer. La diferencia es que ahora las compañías deberán absorber completamente esos costos. La resolución se enmarca dentro del esquema de desregulación y “libertad tarifaria” impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El pedido para retrotraer la medida
El reclamo legislativo advierte que la eliminación de subsidios puede afectar el acceso real al derecho al transporte, especialmente en personas que viven fuera de grandes centros urbanos y necesitan viajar para tratamientos médicos, rehabilitación o controles de salud. “Hablar de movilidad en estos casos es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación e integración social”, declaró el diputado santafesino Diego Giuliano, quien presentó, junto con otros legisladores, el proyecto de resolución. El legislador agregó: “El transporte gratuito destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos no constituye un privilegio, sino una herramienta concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos fundamentales”. En otro tramo del planteo, Giuliano afirmó que la decisión se tomó “desde una lógica puramente contable” sin considerar el impacto humano y sanitario. “Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números”, sostuvo.
Qué pasa hoy en Rosario
Desde la Terminal Mariano Moreno de Rosario señalaron que, por el momento, el sistema continúa funcionando con normalidad. Actualmente se mantiene el esquema de dos pasajes gratuitos cada 54 asientos, con cupos sujetos a disponibilidad y demanda. Para viajes dentro de Santa Fe, los usuarios deben gestionar el pasaje directamente con la empresa de transporte. En los viajes interjurisdiccionales, el trámite puede realizarse mediante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o presencialmente en la terminal rosarina. Los pedidos deben realizarse con al menos 48 horas de anticipación y presentando DNI y documentación correspondiente, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Las leyes que siguen vigentes
Aunque se eliminaron los subsidios, las obligaciones legales continúan vigentes. El acceso gratuito al transporte de larga distancia está contemplado por la ley 22.431 de discapacidad, la ley 26.928 para personas trasplantadas, y la ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer. Las normas establecen además que, en determinados casos, el beneficio puede extenderse a un acompañante.
La preocupación por antecedentes previos
La decisión oficial también reactivó temores por antecedentes registrados en años anteriores. Empresas de transporte ya habían advertido en distintas oportunidades que los subsidios resultaban insuficientes para cubrir el costo de los boletos gratuitos. En algunos casos se restringieron cupos, hubo demoras, o directamente pasajeros denunciaron dificultades para acceder al beneficio. Con la eliminación total de las compensaciones económicas, sectores vinculados a discapacidad y salud manifestaron que las dificultades podrían profundizarse pese a que el derecho continúe vigente sobre el papel.