Industriales Pymes Argentinos (IPA) informó que los concursos preventivos de crisis crecieron un 131,71% en el último año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entidad solicitó la declaración de emergencia económica para evitar el cierre masivo de empresas.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que los concursos preventivos de crisis aumentaron más del 130% en el último año en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente de IPA, Daniel Rosato, solicitó la emergencia económica “para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas”.
Rosato señaló: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes”. En un comunicado oficial, IPA reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año y pronosticó que 2026 romperá el récord alcanzado en pandemia. Ante este escenario, Rosato reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las Pymes y exigió al Congreso de la Nación que apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica.
IPA había anunciado “el cierre de más de mil Pymes”. “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, recordó Rosato.
El titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, advirtió por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año. “La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, puntualizó Pizzano mediante un documento elaborado por el área legal de IPA.
En relación a las consecuencias sociales, marcaron que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”. También, el informe de IPA indicó que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”. Pizzano expuso que, frente a la crisis, empresas multinacionales dejaron el país y firmas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.
Sobre la parálisis del entramado Pyme, el documento del Departamento de Legales puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023; es decir, un incremento del 131,71%”. Durante el lapso transcurrido del primer trimestre judicial (febrero, marzo y abril de 2026), se abrieron 92 procesos concursales. En el ciclo pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado. La gravedad de la estadística radica en que “en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”. El informe de IPA subrayó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una “capacidad ociosa del 40,2%”. Pizzano aclaró que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y microentorno de las empresas”.
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las Pymes puedan recuperar capital de trabajo”. Al respecto, “se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc. No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”, señaló IPA. Pizzano sostuvo que “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.
El documento institucional de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir obligatoriamente acompañado de un viraje en el rumbo del país, debido a que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.