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El Banco Integrado Departamental (BID) quebró en 1996. Treinta años después, algunos damnificados continúan recibiendo pagos de la liquidación, por montos reducidos.
El Banco Integrado Departamental (BID), con sede central en Venado Tuerto, quebró en 1996. El cierre de la entidad fue anunciado inicialmente en abril de 1995 por el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Roque Fernández, bajo el gobierno de Carlos Menem y la conducción económica de Domingo Cavallo. Hasta ese momento, el BID estaba considerado entre las primeras diez entidades financieras del país por su volumen de negocios.
El BID abrió en Venado Tuerto el 30 de noviembre de 1978. Llegó a contar con 135 sucursales en distintas localidades del país, con presencia particular en el interior productivo. El 14 de abril de 1995, el BCRA anunció la suspensión de actividades por 30 días. El 24 de abril de 1996, el juez venadense Marcos Ferrarotti decretó la quiebra definitiva. Al momento de la liquidación, el banco contaba con 21 mil ahorristas. La quiebra involucró USD 1.000 millones, de los cuales USD 400 millones correspondían a ahorristas, muchos de ellos pequeños y medianos, así como entidades sociales y comunas.
Treinta años después, los cobros de la liquidación continúan llegando. En febrero de 2026, un usuario en redes sociales publicó un comprobante de depósito a su tía por 300 mil pesos, correspondiente a lo que sería la última cuota de la liquidación. Claudio Scabuzzo escribió en X: «Mis tíos tenían sus ahorros en el Banco Integrado Departamental que quebró en 1996. En 30 años les devolvieron monedas y ahora mí tía, de 89 años, se entera de otro cobro de la liquidación del BID».
Scabuzzo declaró a La Capital: «El pago anterior fue hace como veinte años. Quien sabe si este no es el último. Con los años que pasaron debería serlo. Quedan migajas. Es como que el banco sigue presente pero sus clientes, la mayoría, ya no existen más». Agregó que esta última ola de pagos comenzó el año pasado y que, a diferencia de pagos anteriores, esta vez se realizó una transferencia en lugar de requerir un viaje a Venado Tuerto.
El banco perdió contacto con muchos exclientes. Scabuzzo señaló que pudieron dejar el correo electrónico y un número de celular de su tía, pero que el banco perdió contacto con mucha gente. A lo largo de las décadas, hubo personas que fallecieron durante el proceso, que nunca cobraron o que solo cobraron parcialmente, y cuyos familiares desistieron de seguir el reclamo por los altos costos de los trámites sucesorios.
Matilde Sermonetta, quien encabezó el reclamo público de los ahorristas durante décadas, afirmó que «fue la estafa más grande del Tequila», en referencia a la crisis económica que comenzó en México y repercutió en Latinoamérica. En 2013, sostuvo que el tema no figuró en la agenda de debate político.
Una comisión especial de Diputados investigó hechos ilícitos relacionados con lavado de dinero y elaboró un informe sobre el BID. Allí se constató que, a partir de 1993, los directores, accionistas y algunos funcionarios del banco realizaron préstamos irregulares a empresas vinculadas a la entidad. En julio de 1994, el BID entró en cesación de pagos. Antes de la suspensión, absorbió dos bancos cooperativos en quiebra: el Aciso y de la Ribera.
En diversos medios se informó que Eugenio Pendás, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, recomendó que el BID absorbiera a esos bancos, respaldado por un informe de la calificadora de riesgo Risk Analysis, perteneciente a su esposa y excanciller Diana Mondino, que atribuyó al BID una calificación «triple B».
Roberto Cataldi, Miguel Ángel Camilo Arduino, Omar Eduardo Re, Ángel Alberto Baiguera, José Luis Arrioti, Adelqui Ramón Cavallera, Gustavo David Machado y Luis Martínez Rial fueron procesados por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública en 48 oportunidades y balance falso. La causa penal vinculada a la quiebra prescribió en 2009, sin condenas firmes.