La Justicia santafesina informó que desde el crimen en San Cristóbal se registraron 404 denuncias de amenazas en instituciones educativas, con 73 autores ya identificados, en su mayoría menores de edad.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un balance sobre las denuncias de amenazas a escuelas en la provincia de Santa Fe, tras el fatal ataque a tiros ocurrido en una institución educativa de San Cristóbal. Según fuentes oficiales, desde ese día se registraron 404 denuncias, de las cuales 238 corresponden a la Fiscalía Regional de Rosario.
De las investigaciones abiertas en las últimas cuatro semanas, 73 personas fueron identificadas como autores de las amenazas. La mayoría de ellas son menores de edad, y las causas quedaron a cargo de la unidad especializada en Cibercrimen.
Las autoridades expresaron su preocupación por la facilidad con que los menores acceden a armas y municiones. «Es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave y completamente fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes», señalaron voceros del MPA, que instaron a padres y adultos a extremar las medidas de prevención en los hogares.
Desde el crimen en San Cristóbal se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de 51 elementos, entre ellos armas de fuego, pistolas de gas comprimido, cartuchos, balas de calibre 22, teléfonos celulares y armas blancas.
Las amenazas se llevaron a cabo mediante carteles, pintadas y mensajes que anticipaban tiroteos, sin distinción geográfica. En algunos casos se encontraron armas reales y en otros de juguete. «Estos graves hechos son delitos que se encuentran siendo investigados por fiscales», remarcaron fuentes oficiales.
El reporte del MPA detalla que hasta el 21 de abril se realizaron 75 denuncias en la Fiscalía Regional Primera (Santa Fe capital), 35 en Rafaela, 33 en Venado Tuerto y 23 en Reconquista. De los 73 identificados, 23 están en Rosario y zona, 17 en Venado Tuerto, 15 en Santa Fe, 14 en Rafaela y 4 en Reconquista. Aproximadamente el 95% son menores de edad.
Los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia iniciaron una investigación compleja con medidas bajo reserva, y evalúan la posible existencia de instigadores detrás de los mensajes o pintadas que buscan generar temor.