Tras una presentación judicial, un adolescente de Santa Fe consiguió que se respetara su derecho a elegir su trayectoria educativa, reafirmando el principio de inclusión.
Un joven con discapacidad de la provincia de Santa Fe logró, mediante una presentación judicial, revertir una decisión que lo había derivado a una escuela de educación especial sin su consentimiento. El caso, que tuvo lugar cuando el adolescente tenía 17 años y estaba próximo a finalizar sus estudios secundarios, puso en evidencia la importancia de garantizar el derecho a ser escuchado.
La situación se originó cuando un juez ordenó el cambio de su trayectoria educativa, sin haberlo consultado previamente. Con apoyo legal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la UNLP, el joven solicitó ser parte del proceso. Argumentó que se había vulnerado su derecho a decidir sobre su proyecto de vida y a la educación inclusiva, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En una reunión con el magistrado, el estudiante expresó su deseo de continuar en una escuela común para obtener su título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales. Tras esta intervención, el juez revirtió su propia decisión y ordenó la continuidad de su escolaridad en el sistema general.
Este caso destaca la necesidad de que el sistema judicial garantice la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos.