Felipe Núñez y Federico Furiase, funcionarios del Ministerio de Economía, defendieron los préstamos que solicitaron, asegurando que accedieron a ellos bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano y sin beneficios diferenciales.
Funcionarios del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, se refirieron a los créditos hipotecarios que obtuvieron del Banco de la Nación Argentina (BNA). En declaraciones públicas, defendieron la operatoria y negaron haber recibido un trato preferencial.
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicaron que accedieron a los préstamos «como cualquier hijo de vecino», con las mismas tasas y plazos disponibles para el público. «Era la tasa más competitiva del mercado», afirmó Núñez sobre el crédito que, en su caso, ascendió a 373 millones de pesos.
Las declaraciones se realizaron en el programa «Las Tres Anclas», donde ambos rechazaron que existieran beneficios diferenciales para funcionarios. «Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo, que sea apto crédito», sostuvo Núñez. Agregó que eligieron el BNA por ser clientes de la entidad donde cobran sus haberes.
Por su parte, Furiase aclaró detalles de su situación personal: «En mi caso, saqué un crédito para segunda vivienda, a una tasa incluso más alta», dijo en referencia a versiones sobre la adquisición de una tercera propiedad con un préstamo de 367 millones de pesos.
Los funcionarios enmarcaron la discusión en el rol del crédito hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda. «Es lo que hacen todos los países normales del mundo para acceder a una casa», dijo Núñez, quien consideró que la difusión del tema puede tener un efecto positivo al visibilizar el producto UVA.
Estas explicaciones se producen en un contexto de cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales por el otorgamiento de estos préstamos. El Banco Nación informó que, tras auditorías internas, «no se detectó una sola irregularidad» y que los créditos cumplen con los requisitos establecidos. El directorio de la entidad puso a disposición de la Justicia la documentación vinculada a los casos.
El presidente Javier Milei y el ministro Caputo también han defendido públicamente la legalidad de la operatoria.