La causa por la muerte de Rosalía Yamila La Roza, ocurrida en marzo, pasó de analizar un disparo accidental a investigar un presunto crimen planificado por su hijo de 15 años. Los familiares de la víctima emitieron un comunicado exigiendo celeridad y especialidad en el proceso judicial.
La investigación por la muerte de Rosalía Yamila La Roza, agente de la Policía Federal baleada en marzo por su hijo de 15 años en Villa Gobernador Gálvez, dio un giro significativo. La causa pasó de analizar la hipótesis de un disparo accidental durante un forcejeo a indagar un presunto crimen planificado por el adolescente.
Los familiares de la víctima continúan exigiendo justicia. En un comunicado difundido en redes sociales, expresaron: «Elegimos hablar con la serenidad de quien confía, pero con la herida abierta de quien espera». Respetan el carácter reservado de la Investigación Penal Preparatoria, pero describen la espera como «agónica».
El crimen ocurrió el 21 de marzo. Con el avance de la pesquisa, se comenzó a analizar la hipótesis de una premeditación. Según información surgida del celular del adolescente, habría conversaciones que evidenciarían una planificación del hecho. Fuentes cercanas a la causa indicaron que la relación entre madre e hijo estaba atravesada por un conflicto personal y que, en distintos diálogos, el joven habría manifestado el deseo de matarla.
Por otro lado, la teoría del forcejeo se debilitó ante la evidencia balística que confirmó que La Roza fue asesinada de un disparo en la cabeza desde atrás.
El adolescente, de edad no punible, fue sometido a una audiencia informativa y apartado de Villa Gobernador Gálvez hacia una institución fuera del departamento Rosario, tal como establece el procedimiento.
En su comunicado, los familiares hicieron una serie de exigencias concretas al sistema judicial: «Con firmeza exigimos: especialidad y celeridad, que se apliquen los estándares del nuevo sistema penal juvenil; responsabilidad técnica, que la gravedad del hecho sea correspondida con la máxima eficiencia; y vigencia plena de la Ley 27.801, garantizando que el acceso a la justicia para Rosalía sea efectivo».