El programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, registró una ejecución presupuestaria de $1,4 millones entre enero y marzo de 2026. Según la última actualización del Presupuesto Abierto, esto representa un desembolso mensual promedio de $466 mil, cifra similar al valor de una jubilación mínima con bono complementario.
Una inversión en caída libre
La partida total asignada para esta actividad en el ejercicio 2026 es de $47 millones. Esta cifra implica una reducción del 91,5% respecto a lo presupuestado para el año anterior y consolida una tendencia a la baja que se arrastra desde 2016, según análisis de organizaciones de la sociedad civil. El programa financia capacitación de profesionales, cooperación técnica con provincias y municipios, e investigaciones para la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental.
«Los niveles de inversión en esta actividad cayeron abruptamente hace una década y nunca se recuperaron», había alertado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) durante el debate del presupuesto actual. Los $47 millones actuales son $652 millones menos que los asignados en 2023, ajustando por inflación.
Efecto dominó en las instituciones
Demoras que ponen en riesgo los tratamientos
La crisis presupuestaria no se limita a este programa. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), otro organismo clave en la materia, también arrastra demoras en los pagos a las organizaciones que brindan tratamiento. Según informó la Mesa Nacional de Adicciones, muchas instituciones acumulan más de tres meses de atraso en el cobro de becas, lo que las pone «en riesgo de cierre».
Fabián Tonda, titular de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), confirmó que recién esta semana se hicieron efectivos los pagos correspondientes a diciembre. «Si la semana que viene pagan enero, estaríamos dentro del retraso histórico normal del Estado, que es de 60 días», explicó.
Consecuencias humanas y sanitarias
Estas demoras obligan a las instituciones a endeudarse o a precarizar sus servicios. «La situación es complicada. Pasa como en las familias: usás los ahorros para sobrevivir, pero llega un momento en que no podés pagar sueldos ni la comida», describió Tonda. Esta inestabilidad financiera deriva en alta rotación de personal, un factor crítico que afecta la continuidad de los tratamientos. «Es importante que una persona tenga al mismo psicólogo durante todo el proceso», remarcó el referente.
Fernando, consultor psicológico y tallerista en uno de estos centros, detalló el impacto concreto: «Quedan personas en la calle sin tratamiento». En diálogo con este medio, explicó que el trabajo va más allá de la abstinencia: «Hay residentes que, por el estado de vulnerabilidad en el que llegan, aprenden desde modales en la mesa hasta hábitos de higiene. Recuperan habilidades básicas para la vida».
La comunicación es otro pilar. «Muchos no tienen vocabulario para expresarse. Con el tiempo, vas viendo cómo arman frases e hilan pensamientos, no solo porque bajan los efectos de las sustancias, sino porque aprenden otras maneras de pensar», afirmó el profesional. La interrupción de estos procesos por falta de fondos, advierten, tiene un costo social y sanitario incalculable.