El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la imputación y la investigación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el delito de enriquecimiento ilícito. La medida judicial se fundamenta en una serie de denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano, quien aportó elementos que el fiscal consideró suficientes para profundizar la pesquisa. El expediente quedó radicado, en esta etapa, en el juzgado a cargo de Ariel Lijo.
Los fundamentos de la investigación
El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado para perseguir penalmente posibles actos de corrupción en la función pública. Se configura cuando un funcionario no puede justificar el origen de un incremento patrimonial significativo, ya sea en su propio patrimonio o a través de terceros, ocurrido desde que asumió el cargo y hasta dos años después de haberlo dejado.
Las denuncias que originaron la causa
Las presentaciones de la legisladora Marcela Pagano, ex integrante del bloque oficialista, abarcan varios aspectos. La primera denuncia se refiere al presunto uso indebido de bienes del Estado durante la gestión de Adorni en el Ministerio de Cultura, entre 2017 y 2018.
Una segunda línea de investigación apunta a determinar cómo solventó el funcionario un viaje a Punta del Este durante la temporada alta del último verano. Finalmente, una tercera denuncia está dirigida hacia la pareja de Adorni, Bettina Angeletti, para que se investigue con qué fondos montó una consultora durante el año 2024.
Detalles sobre la consultora
Según los argumentos expuestos en la denuncia, la consultora creada por Angeletti contaría con solo tres clientes, todos ellos vinculados a empresas estatales. Entre estas empresas se menciona al Grupo Foster, cuya apoderada estaría compitiendo en la licitación por la concesión de Tecnópolis. Esta información fue difundida inicialmente por el medio Canal Net TV.
Contexto y declaraciones
En el marco de esta investigación, el propio Adorni reconoció públicamente este miércoles que reside en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según los datos manejados por la fiscalía, la adquisición de este inmueble se habría concretado en el año 2025. Este dato formaría parte de los elementos que los investigadores analizarán para contrastar la evolución de su patrimonio con los ingresos declarados.
El caso avanza en los tribunales federales y se espera que en los próximos días se definan los próximos pasos procesales, que podrían incluir pedidos de documentación bancaria, contable y de otras fuentes para dilucidar los movimientos financieros bajo análisis.