Una denuncia penal de alto impacto institucional fue radicada ante la Justicia Federal contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royon. La presentación, realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), la acusa de presuntos delitos contra la administración pública, vinculando su voto a favor de la reforma de la ley de glaciares con sus relaciones con empresas del sector minero.
Los cargos y el contexto legislativo
La causa, que recayó en el Juzgado Federal N° 12, incluye figuras como negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho. Los abogados ambientalistas sostienen que la legisladora habría utilizado su posición en cargos estratégicos vinculados a energía, minería y litio para favorecer intereses privados, mientras participaba en decisiones públicas que podían beneficiarlos económicamente.
Una trayectoria en la intersección público-privada
La denuncia detalla la extensa trayectoria de Royon en áreas sensibles. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, secretaria de Energía de la Nación en gestiones anteriores y secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio. Según los denunciantes, estos roles le otorgaron acceso privilegiado a información y capacidad de influencia, que posteriormente habría canalizado en beneficio de empresas del sector.
El entramado empresarial bajo la lupa
El foco de la acusación se centra en los vínculos de la senadora con las empresas Minenco SAS, Mineneco SAS y el holding Zelandez. Esta última firma se especializa en servicios técnicos como modelización hidrogeológica y balances hídricos para proyectos extractivos de litio y cobre, directamente relacionados con la evaluación de territorios y recursos hídricos.
Los denunciantes destacan un dato llamativo: la senadora figura como «líder» de Minenco SAS, empresa que comparte domicilio fiscal con la dirección residencial que Royon declaró en otros documentos. Este elemento, afirman, refuerza la presunta relación societaria y de titularidad, que no se disolvería con una simple renuncia laboral.
La conexión con la reforma legal
La incompatibilidad, argumenta la Aadeaa, se hace más evidente al analizar el contenido de la reforma a la ley de glaciares. El proyecto cuestionado otorga a estudios técnico-científicos la potestad de definir qué geoformas merecen protección legal, lo que podría liberar territorios para actividades extractivas. Justamente, Zelandez provee los servicios técnicos que determinarían esa viabilidad.
«Mientras desde el Estado y luego desde el Senado intervenían sobre las reglas del juego, Royon aparecía vinculada a empresas privadas que operan o asesoran en los mismos territorios, para los mismos sectores», señalaron desde la asociación. Agregaron que la reforma que impulsó podría aumentar el valor y la demanda de los servicios que ofrece una empresa de la que formó parte.
Lo que está en juego
Los abogados ambientalistas concluyen que la denuncia pone en la mira la integridad de la función pública y la defensa de territorios estratégicos para la conservación del agua. «Defender glaciares, agua y territorios también exige denunciar a quienes convierten la función pública en plataforma de negocios privados», afirmaron en un comunicado.
La causa judicial avanza ahora en el fuero federal, en un caso que combina presuntas irregularidades administrativas con el sensible debate ambiental sobre la protección de los glaciares y los ecosistemas frágiles ante el avance de la actividad extractiva.