Por: Ivy Cángaro y Mauro Federico / Fuente: dataclave.com.ar
Se hizo costumbre adquirida aquello que en otros tiempos hubiera sido excepcionalmente escandaloso y ahora es parte de una nueva normalidad impuesta por este gobierno: cada miércoles en las marchas de jubilados o en cada concentración frente al Congreso en reclamo por las políticas contra las personas con alguna discapacidad, o por las prebendarias leyes que, sobre todo en las últimas semanas, el oficialismo logró imponer sin demasiado debate razonable; hay represión policial contra los manifestantes, transeúntes circunstanciales y trabajadores de prensa.
El jueves 26, dentro del Senado, se sucedían los discursos en pos de lograr la aprobación de la llamada “ley de Glaciares” y que finalmente logró la mayoría de votos a favor. Mientras el diputado Enzo Fullone hablaba de “rocas congeladas a cuatro mil metros de profundidad que no sirven para nada” entre otras marginales piezas de oratoria de ese calibre, lejos del mármol y el cristal del Palacio otros ponían el cuero, en la calle. Por la mañana temprano la Agrupación ambientalista Greenpeace había hecho una performance con inodoros y pancartas en las escalinatas del edificio que fue rápidamente desalojada a patadas y empujones por efectivos de la policía, aunque no hubo ningún tipo de resistencia, quienes rápidamente llevaron presos a los manifestantes pacifistas.
La primera estación del viacrucis de los detenidos en Congreso -los jubilados lo saben muy bien, lo viven cada miércoles- es una cochera en donde descansan los camiones celulares de traslado de detenidos a comisarías. Ahí suelen aparecer los primeros aprietes en forma de piñas, sopapos y algunas bravatas hasta que los detenidos son subidos, siempre esposados y lastimados, a los vehículos que los llevarán a las reparticiones policiales en las que, ya se sabe, pasarán algunas horas presos. Siempre lo mismo.
Facundo Tedeschini, este jueves y como en tantas otras jornadas, fue el camarógrafo asignado para cubrir los sucesos para el canal de noticias A24, de indisimulable buena relación con el oficialismo. Es un hombre de larga experiencia en el oficio quien, sin embargo, ese día se vio desbordado por la situación que le tocó vivir y quedó registrada por otros camarógrafos que estaban en el mismo sitio. Facundo seguía el devenir de los detenidos en su ingreso a esa famosa cochera, nada fuera de lo común para su trabajo. Llevaba su enorme cámara al hombro y un extenso cable que lo conectaba con el resto del equipo de transmisión (nadie, con esa parafernalia encima, tiene demasiado margen de maniobra física).
Sin embargo, de buenas a primeras, uno de los efectivos policiales giró sobre sí y la emprendió contra el hombre de prensa, que terminó no solo lastimado en el piso, sino rodeado de otros policías que decidieron llevarlo, también, preso. Golpes, patadas, la cámara por el piso, sus manos atadas con precintos, así salió de escena ante la mirada de los demás reporteros. Parecía, incluso, una “cacería” al voleo, casi ejemplificadora para los demás periodistas de alrededor que, de todos modos, también recibieron gases y palazos. Agustina Bilotti, cronista del mismo canal y que estaba en medio de la turbamulta, tuvo que ser asistida por el SAME. Suerte parecida corrieron los periodistas de Crónica.
Tedeschini la pasó realmente mal y fue tan notorio, que sus propios compañeros de canal, que transmitían en vivo y directo, se escandalizaron. “La policía está loca”, atinó a decir Antonio Laje mientras las imágenes se sucedían en la pantalla por la transmisión en vivo. No duró mucho, de todos modos, la indignación: a lo largo de la jornada y desde otros mediadores del mismo canal, pusieron en foco en un supuesto historial violento del camarógrafo, en una suerte de “algo habrá hecho” dicho por sus propios pares, compelidos desde algún sitio de poder a cambiar el discurso original.
La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, que pasa por un período estelar y parece seguir liderando el ministerio que tiene al frente su delfín, Alejandra Monteoliva -que estaba en Chile- dijo: «El camarógrafo intentó entrar en donde estaban los detenidos. Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía«. Está claro en las imágenes que Tedeschini no pretendía entrar a ningún lado, pero Bullrich siguió diciendo: «Acá hay una acción determinada y eso implica analizar si este policía actuó desmedidamente». Frase de rigor que ya se sabe a donde conduce: a la nada.
La orden de no dejar actuar a la prensa parece clara, al punto que como puede verse en el siguiente video, impiden que se entreviste a la diputada Myriam Bregman, interponiéndose entre los trabajadores de medios y la legisladora, con sus escudos y palos.
Cuando Facundo fue atendido en el Hospital Ramos Mejía y quedó libre por orden del juez Martínez de Giorgi. En el devenir lo acompañó Fabián Grillo, el padre del foto reportero Pablo Grillo, que estuvo a su lado en algunas declaraciones mediáticas. Grillo padre está involuntariamente acostumbrado, desde hace algunos meses, a reclamar justicia por estas situaciones represivas. Pablo es, posiblemente, el caso más grave -hasta ahora- y más emblemático de abuso policial.
Pronto va a cumplirse un año de aquel fatídico 12 de marzo de 2025 cuando fue gravemente herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Gendarmería durante una manifestación de jubilados. La vida de Pablo y su familia nunca más será la misma a la que tuvieron antes de ese día: once meses internado, varios de ellos en terapia intensiva. Seis operaciones para tratar un hematoma cerebral y la pérdida de líquido cefalorraquídeo.
“Fue un hecho fortuito, se puso en la línea de tiro”, dijeron las voces oficiosas del gobierno. Por entonces, presurosa, Patricia Bullrich salió a decir en los medios, mientras Pablo se debatía entre la vida y la muerte: “Uno de los que está preso, que dicen que es periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez. Se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que trabaja en la Municipalidad de Lanús”. Pablo no estaba preso, estaba al borde de la muerte en un quirófano; lidiando con el estigma de que por tener algún tipo de militancia “algo habrá hecho” para merecer lo sucedido.
Hace pocos días Alejandra Monteoliva opinó del caso: «Uno siente dolor por lo que le pase a Grillo o a los 280 policías golpeados, pero nadie me pregunta por los policías» . Dijo esto cuando se conoció que la Cámara Federal porteña, en diciembre de 2025, procesó a Héctor Guerrero, el cabo primero de la Gendarmería Nacional que disparó una granada de gas lacrimógeno en línea recta y a la cabeza de Pablo. La calificación legal provisioria habla de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, en concurso real con abuso de armas, reiterado en cinco oportunidades, y ratificó un embargo por 203 millones de pesos para Guerrero.
El caso de Pablo Grillo pudo conocerse en su real dimensión y el procesamiento a Guerrero fue posible por la labor y el registro de otros reporteros gráficos que filmaron la secuencia. De no haber sucedido, posiblemente ni siquiera se sabría quién disparó, ni cómo, ni bajo que órdenes porque, si bien siempre “van a investigar hasta las últimas consecuencias”, nunca se sabe a posteriori el derrotero de esos supuestos sumarios. Tampoco es simple la cosa para los demás cronistas, y sus apremios suelen pasar debajo del radar por no ser tan evidentes y graves.
No hay jornada en que no sean gaseados, golpeados y mojados por hidrantes. Pero también intimidados con seguimiento cuando ya están fuera de la zona de conflicto, o sus pertenencias sospechosamente robadas -sobre todo los teléfonos- en asaltos de grupos que actúan como “pirañas”, rodean al blanco y le quitan sus pertenencias, sobre todo aquellas con las que pudo registrar rostros, nombres y acciones fuera de la ley. Es una constante y curioso que, en un universo lleno de policías, cinco o seis tipos actúen en banda in fraganti sin que nadie los detenga, y siempre le roben los teléfonos a los periodistas. Una inoperancia que parece complicidad.
El miércoles 12 de noviembre de 2025 fue una marcha de jubilados más en la que también hubo represión. Una columna de jubilados caminaba por Avenida de Mayo cuando en la esquina de Luis Saenz Peña se metieron, ente ellos y de la nada, unos tres o cuatro policías de la Ciudad que empezaron a caminar entre los manifestantes, como marcándoles su presencia. Fue cosa de un minuto y de la nada, cuando agarraron al azar a uno para detenerlo.
No estaban de civil, y en el uniforme de uno de ellos se ve claramente el nombre: Sergio Enrique Gigena, el hombre que con su tonfa -ese palito de abollar ideologías, según diría Mafalda- la emprendió contra un manifestante.
La situación quedó filmada por una fotoperiodista free lance que tenía colgada su identificación de prensa de modo bien visible, además de la cámara al hombro. Mientras tres se llevaban al detenido, Gigena giró sobre si mismo; el Comisario Inspector conocido en la zona de Balvanera, dirigió su mirada hacia Micaela, la fotoreportera, y sin mediar palabra y en cuestión de segundos, sacó su tonfa y la golpeó. La situación quedó registrada en un video:
Gigena estaba tan exaltado que empezó a revolear tonfazos a diestra y siniestra a todos los que estaban alrededor y, en ese caos, golpeó también a una jubilada de 70 años, a quien tiró al piso.
No conforme con lo actuado, a la semana siguiente Gigena fue por más y gaseó a otra jubilada que terminó en el Hospital con quemaduras y problemas respiratorios, y fue escrachado por los manifestantes como puede verse acá y donde dice: ”mi derecho es reprimir jubiladas”.
El 29 de noviembre reapareció. La orden de “guardarse” durante dos semanas para no hacer olas luego de haber quedado tan expuesto, ya se había levantado. Y entonces otra jubilada, que había sido testigo de las golpizas, lo reconoció y lo increpó.
¿Quién es Sergio Gigena? En la página oficial de la Policía de la Ciudad Sergio Enrique Gigena figura como Comisario Inspector del Departamento Comisaría Comunal 1-Norte, donde asumió en marzo de 2024. En mayo de 2024 ya había sido expuesto por sus métodos: la diputada Victoria Montenegro y las chicas de ANMAR mostraron como sistemáticamente él y su personal son los que acosan y agreden no solo a las trabajadoras sexuales, sino a todos los vendedores ambulantes. Es quien lidera el decomiso y rotura de paltas, sandwiches o lo que sea que alguien pretenda vender para sobrevivir.
“Ayer la policía tiró el carrito de una señora al suelo, tenía la comida para vender y todo se echó a perder. Fue en esa esquina, frente a la farmacia, la señora tiene 70 y pico de años y no la volvimos a ver”, dice uno de los empleados de la verdulería de Juan de Garay y Salta en entrevista a Página 12. Trabajan a la par de la Agrupación Buenos Vecinos, que señala blancos por su grupo de whatsapp. En diciembre de 2024 Gigena recibió un premio de dicha agrupación liderada por Gloria Llopiz Ortiz, una activista de corte fascista que fue candidata de LLA en la comuna de Balvanera.
Según cuentan las chicas trans, Gigena es quien está a cargo de la comisaría y también el que las pone contra la pared para cachearlas. Lo más común es que les quiten los celulares para que no tengan las filmaciones que prueban los abusos: “Anda patrullando con su auto particular, un auto blanco que todas conocemos y él mismo es el que te pone contra la pared. Pero eso no es todo, se baja y agrede a las personas en situación de calle”, cuenta Dayana, una militante del colectivo.
“Él se siente como el dueño de Constitución, y su rol es institucional, no puede ir por la calle con su auto particular y hostigar a las personas. En la ciudad de Buenos Aires está la Ley de seguridad implementada en 2016, entonces la policía no puede hacer cualquier cosa, ustedes pueden denunciar a través de nosotros”, confirmó la legisladora Victoria Montenegro, quien acompañó los reclamos de las víctimas. El comisario Gigena estuvo previamente trabajando en Villa Lugano, donde también habría tenido conflictos con las personas en situación de calle y en mayo de 2008 fue promovido de la Federal, para luego encontrar cobijo en la Metropolitana. Viejos conocidos de la fuerza dijeron que Kravetz habría tenido intenciones de llevarlo a la SIDE.
La diputada Lorena Pockoik también se cruzó con el comisario, que lo increpó.
Georgina Orellano | Señor Comisario Gigena usted no está combatiendo el narcotrafico,usted está combatiendo a los pobres. | Instagram
Más del noventa por ciento de los casos de abusos policiales contra los trabajadores de prensa no entran en ninguna estadística pues no son denunciados ni requieren hospitalización, por lo que no se sigue más protocolo que el de asistirse de manera casera, cuidarse entre todos y persistir en dejar registro visual de la política represiva. El temor a las represalias posteriores a alguna denuncia, también, hacen lo suyo. Tal el caso de un trabajador free lance que el 11 de febrero fue baleado a pocos metros de las vallas que suelen montar en el lateral del kiosco de revistas de la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, un punto nodal ya conocido por propios y ajenos porque siempre es allí por donde entran o salen de la zona de conflicto los señalados como “infiltrados”.
En ese lugar, siempre a merced del carro hidrante, a quien llamaremos Juan lo llenaron de balazos de goma. El fotoperiodista pudo registrar su propia balacera, y quedó demostrado por su material que quienes lo reprimieron eran integrantes de la primera línea de la Policía Federal. Ya en el Hospital Ramos Mejía, lo atendieron por policontusiones que quedaron certificadas. Como Juan, decenas, en primera fila o en los arrabales de los desmanes, fuera de zona de conflicto o incluso a varias cuadras, suelen ser blanco de las fuerzas de seguridad cuando repararan en que son trabajadores de prensa.
Los aprietes, además, no se limitan a las jornadas de filmación de reclamos. Amenazas por redes sociales, seguimientos callejeros a la salida del trabajo o de la casa, incluso extraños robos y asaltos se suceden casi cotidianamente entre los cronistas que, además, ya no cuentan con el amparo del Estatuto del Periodista, derogado las últimas semanas.
El mantra que solían rezar los libertarios, ese que ponderaba el “respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad» parece que nunca tuvo real vigencia y hoy, más que nunca, el espíritu fascista de persecusión al que piensa distinto y al que da registro de las atrocidades, está a la orden del día. Monteoliva y Bullrich, mientras tanto, celebran.
Cifras, datos y estadísticas del método represivo
El tercer informe especial del Monitoreo de la Represión de las Fuerzas de Seguridad a las Manifestaciones Públicas elaborado por la Comisión Provincial de la Memoria que dirigen el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, de diciembre de 2025, muestra el crecimiento exponencial de la represión, la tortura y la consecuente impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales del último año, especialmente en las marchas de jubilados de los miércoles o en otros eventos relacionados con sanciones de leyes impopulares en los alrededores del Congreso de la Nación y en Casa Rosada.
Durante estos dos años, el organismo monitoreó 139 manifestaciones organizadas por diferentes organizaciones sociales y políticas, colectivos y sindicatos, y los informes consecuentes, que registran y documentan la represión a protestas sociales, fueron presentados al Congreso nacional, autoridades nacionales, provinciales y organismos internacionales de derechos humanos.
En 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con hechos de represión con relación al año anterior, creció la cantidad de personas detenidas arbitrariamente y también se incrementó la cifra de manifestantes heridos. En este último grupo se destacan los periodistas o trabajadores de prensa alcanzados por la violencia estatal que se duplicaron, los adultos mayores o “jubilados” que se cuadriplicaron y los defensores de derechos humanos.
En las 127 movilizaciones monitoreadas de manera presencial a lo largo de estos dos años, pudieron observar un despliegue desproporcionado de los efectivos de seguridad con relación a la cantidad de asistentes. En 68 de las movilizaciones, un 54% del total, se registró la presencia de tres o más fuerzas abocadas al operativo de seguridad, y se pudo observar el despliegue de diversos móviles pertenecientes a las fuerzas. En 81 (64%) se desplegaron al menos 4 tipos de móviles: camiones y micros de traslado, patrulleros, camionetas, combis para traslado de detenidos, motos, camiones hidrantes y, en cinco ocasiones se observaron helicópteros.
Además, en las 127 movilizaciones monitoreadas se constató portación de armas letales en el 78% de la totalidad de los operativos en efectivos pertenecientes al cuerpo de motorizada de Policía Federal y Policía de la Ciudad de Buenos Aires; y también la participación de agentes policiales realizando una video-filmación de las manifestaciones, y la presencia de personal sin uniforme ni identificación que presumiblemente podría realizar tareas de inteligencia (efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con los celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, vestidos de civil participando de la marcha y luego colaborando o conversando con agentes identificados, etc.)
De las 1369 personas heridas por fuerzas de seguridad durante 2025, 184 fueron trabajadores de prensa, una cifra superior a la de 2024, que fue de 98. El despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad incluyó: utilización de armas con postas de goma disparadas a quemarropa o escasos metros contra el rostro o torso de las personas, gas pimienta o gas spray irritante lanzado a corta distancia en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente (con afección directa de las vías aéreas superiores o la vista) o bien al aire para afectar a varias; disparos con gas pimienta o químicos realizados con pistolas o escopetas Byrna, gas lacrimógeno lanzado con escopetas-morteros hacia la concentración afectando a cientos de personas (arma “menos letal” que causó las graves lesiones al fotoperiodista Pablo Grillo), agua a presión lanzada por camiones hidrantes, golpes con bastones y tonfas contra los manifestantes.
Al igual que la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas detenidas se incrementó entre un año y otro. En 2024 detuvieron a 93 personas, y esta cifra aumentó a 16524 en 2025: un crecimiento del 77% de las detenciones entre ambos períodos. Se formalizaron detenciones por medio de un formulario genérico denominado “Acta de detención y lectura de derechos y garantías” que no expresa con precisión y claridad los motivos de hecho atribuidos ni las infracciones penales concretas y particulares cometidas. En los últimos meses se incrementó la participación en las aprehensiones de auxiliares de la PFA pertenecientes a la Dirección General de Inteligencia. Estos agentes serían parte del Cuerpo de Informaciones de la PFA, organismo caracterizado por la opacidad en sus procedimientos y regulaciones.
En relación a determinados actores que cumplen funciones específicas en el contexto de manifestaciones públicas tales como comunicadores o periodistas, se detectó un grave incumplimiento del deber estatal de protección. En el contexto de las manifestaciones no solo se ha registrado la limitación del ejercicio de la tarea sino también el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza que derivó en la producción de heridas de distinta gravedad contra ellos. En este punto la CIDH dijo: “Los propios medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales al condenar las agresiones, al dar seguimiento sobre los hechos y el estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos como forma de presión para combatir la impunidad”.
La Comisión por la Memoria realizó 37 denuncias penales en estos dos años ante diferentes juzgados federales que, en general, no investigaron estos hechos con celeridad, exhaustividad ni de manera adecuada. También se presentaron habeas corpus colectivos preventivos e informes y requerimientos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano (OEA) y del Sistema Universal de Naciones Unidas (ONU).
El documento completo puede leerse aquí:
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/materiales/Informe-monitoreo-de-movilizaciones-31-12-25.pdf