La Ley de Educación Nacional (26.206) dedica un capítulo a garantizar la educación en contextos de privación de la libertad, y en su artículo 56 establece que «todas las personas privadas de su libertad deben cumplir la escolaridad obligatoria«. Aún así, esta norma no se cumple en la práctica, lo que genera un problema grave, ya que limita las oportunidades de reinserción y aumenta el riesgo de reincidencia entre los internos.
A partir de la educación en las cárceles se logra reducir significativamente la reincidencia delictiva; un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Procuración Penitenciaria de la Nación indica que el 85% de quienes estudian en prisión no vuelve a delinquir y la tasa de reincidencia es tres veces menor que entre quienes no reciben educación. Demuestran estos datos que promover el estudio en contextos de privación de libertad contribuye directamente a disminuir el crimen futuro y facilita la reinserción social.
La gran mayoría de la población carcelaria, un 91%, no completó la escuela, lo que evidencia la existencia de un elevado número de alumnos potenciales que podrían acceder a la educación dentro de los penales. A pesar de esto, la realidad refleja que los estudiantes que efectivamente participan son una minoría, ya que más de la mitad de los presos no forma parte de ningún programa educativo, según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación.
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Además, existen programas ejemplares, como el de la Unidad Penitenciaria 35 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, que ofrecen educación primaria y secundaria, programas terciarios y actividades extracurriculares. Dentro del predio penitenciario, este programa funciona en un edificio separado y agrupa a todos los presos en las mismas clases, sin distinción de condenas, que tampoco son conocidas por los docentes.
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De la experiencia de estos programas surge la clave: replicarlos y ampliarlos donde ya funcionan con éxito. Por eso, frente a este panorama, queda planteada una pregunta esencial: ¿la prisión debe servir para castigar y recluir, o para reinsertar a las personas en la sociedad?