Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Organizaciones sociales se convocan desde el inicio de la reforma de la Carta Magna de Santa Fe para reclamar el reconocimiento constitucional de sus derechos. La constituyente consensuó la publicidad de todos los actos y —ante el reclamo de estos colectivos— resolvió abrir dos instancias de participación ciudadana: la presentación de proyectos y la posibilidad de intervenir en audiencias públicas para llevar propuestas. Sin embargo, en la recta final del proceso, aún faltan palabras: diversidad sexual, afrodescendientes, derechos de la naturaleza, accesibilidad para las personas con discapacidad, derechos culturales, educación sexual integral. Son palabras, ni más ni menos, pero expresan historias de lucha, conquistas y la posibilidad de vivir en pie de igualdad.
Frente a la Legislatura de Santa Fe hay un gazebo azul con banderas y carteles. Es el símbolo de un espacio que se reúne en la explanada ante cada sesión y cada reunión de comisión de la Convención Reformadora en la que se debate algún asunto vinculado a los derechos humanos. Estuvo en el inicio, marcando el posicionamiento de la Multisectorial por una Constitución con Participación Ciudadana – Comunidades Constituyentes. Estuvo también durante las audiencias públicas, acompañando a las organizaciones. Acompañó la lucha de las y los jubilados por la intransferibilidad de la Caja Provincial. Es jueves de la penúltima semana de la reforma y, entre mate y mate, sus integrantes siguen abordando a las y los convencionales que llegan a sesionar, hablan con ellos, les explican –-una vez más— sus propuestas.
Son palabras. Pero en el derecho, las palabras cambian las realidades concretas de las personas. Este viernes desde las sesionará el pleno de la Convención para tratar los asuntos relativos a la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Temáticas como salud, educación, cultura, confesionalidad o no del Estado, entre otros, serán los temas en debate.
Hasta última hora habrá posibilidad de insertar estos vocablos que reconocen luchas y que son habilitantes de vivir menos violencia y discriminación. Pese a que el trabajo de redacción corresponde a la Comisión Redactora, la última sesión del pleno —en la que se discutió por varios minutos cambios en las palabras para que la Universidad Católica pueda ser parte del Consejo que elegirá a jueces, fiscales y defensores de la provincia– muestra que hasta último momento las correcciones son posible. Solo falta voluntad política.
En el gazebo está Lucía Domínguez, activista de la Casa Indoafroamericana de Santa Fe. Desde ese espacio reclaman que se nombre a los afrodescendientes entre los pueblos de la provincia. “Nuestro reclamo es que figuremos en la Constitución, porque somos preexistentes y persistentes en nuestra historia. Tenemos historia pero también presencia actual en cuanto a vocabulario y en cuanto a objetos que quedaron de nuestros antepasados”, afirma.
Aunque haya una hegemonía que niega los antepasados afros en Santa Fe y que contribuye a un relato eurocéntrico, África también está en las raíces de la provincia. Cada 8 de noviembre se celebra, por ley nacional sancionada en 2013, el Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas y de la cultura afro. En la ciudad de Santa Fe, ese día es el 17 de abril. En la capital provincial, el Paseo de las Tres Culturas también es un símbolo de reconocimiento a ese pueblo. ¿A quiénes beneficiaría hoy silenciarlo en la Constitución?
La entrevistada afirma: “Hemos trabajado, hemos puesto vida, corazón y sangre para que la Argentina sea la Argentina de hoy. Hemos trabajado, luchado en las guerras, mujeres, hombres, niños. Las mujeres han amamantado a grandes líderes. Y hoy queremos reconocimiento, porque si no se nos nombra, no estamos”.
En el gazebo azul de la Multisectorial también está Leandro Wolkovicz, de la Mesa del Orgullo de Santa Fe. “Estamos pidiendo la inclusión de las palabras diversidad sexual en el artículo que habla sobre acciones positivas y protección integral contra la discriminación”.
Amplía: “Hemos presentado un proyecto mucho más completo que incluía la idea de orientación sexual, identidad de género y expresión de género como causales de discriminación, entre otras cosas. Y planteaba una protección mucho más amplia, pero sabemos que hay sectores en la Convención que están en contra de la inclusión de los derechos de las personas LGBT y en el ‘tire y afloje’ de los distintos sectores y sobre todo teniendo en cuenta la mayoría oficialista, terminó quedando una figura sumamente inespecífica: ‘mujeres y diversidades’”.
Y manifiesta: “Si no se incluye la palabra la expresión ‘diversidad sexual’, no queda claro a qué poblaciones se refiere y por ende nuestra población quedaría desprotegida frente al aumento de la violencia que estamos sufriendo como colectivo”. El activista recuerda que, según las estadísticas de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) en los primeros meses de 2025 aumentaron un 70% los actos de violencia hacia las personas LGBT en comparación con igual período de 2024. En todo el país, en el primer semestre, 17 personas de la diversidad sexual murieron por acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física.
Santa Fe fue pionera en materia de reconocimiento de derechos a las personas LGBT. En 2011, la activista trans Alejandra Ironici fue la primera del país en recibir un DNI que reconocía su identidad de género. Fue un hecho inédito en una Argentina que todavía no contaba con la Ley de Identidad de Género. Y el Estado provincial acompañó aquella conquista.
Entre 1962 y 2025 hubo cárcel y violencia, faltó el acceso al trabajo, a la salud y a la educación para las personas del colectivo LGBT. Pero también hubo resistencia y vidas dedicadas a que se reconozca el derecho al matrimonio igualitario, a la identidad de género, al cupo laboral trans y a que se deroguen los artículos de los códigos contravencionales que criminalizaron las vidas trans —en nuestra provincia, hasta 2010—.
Ante esta historia que se escribió en las calles y que fue una lección para otros colectivos, omitir el adjetivo “sexual” para lavar las disidencias es —en palabras de Wolkovicz— un “silencio estruendoso“.
“Si el avance en materia de derechos queda fuera de la protección constitucional, puede venir cualquier gobierno y borrarlo de de un plumazo, como ya hemos visto que pasó a nivel nacional y también a nivel provincial con el recorte de las políticas orientadas a la protección de derechos para las personas LGBT”, concluye.
Gianella Blanche, también integrante de la Multisectorial, pone el acento en la necesidad de que se reconozca la accesibilidad para las personas con discapacidad. “Pedimos la accesibilidad con perspectiva de discapacidad, para que se pueda transversalizar en las políticas públicas”, expresa frente a la Legislatura. La accesibilidad permite disfrutar de otros derechos, como la educación, la salud, el trabajo, la recreación. Por eso es necesario que se plantee desde una perspectiva que atraviese y alcance los diversos ámbitos y no como un artículo aislado.
Gabriela Ferrer, Iris Sedlacek y Gustavo Gutscher pertenecen al Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino. Ferrer explica que, desde el Movimiento por una Constitución Ecosocial, piden “una cláusula ambiental, que se respete los derechos de la naturaleza, que se respete el acceso humano al agua potable, que respete el derecho no solamente para los seres humanos, sino también el equilibrio y la buena salud de los ecosistemas que se encuentran en torno a la población”.
También marca la necesidad de que se incluya la obligación de realizar estudios de impacto ambiental previos a la presentación de proyectos de obras que puedan llegar a generar un grave impacto en el ambiente, como así también una instancia de participación ciudadana en los términos que lo establece el Acuerdo de Escazú. “Estos mecanismos de acceso a la información tienen que respetar los derechos de las comunidades indígena y que se tenga en cuenta la consulta previa, libre e informada de estas comunidades”, asegura.
“Una de las cosas que cuesta mucho es determinar que el ambiente sea sujeto de derecho para poder defenderlo, porque si no quedan las cosas como aisladas y después cuando vos querés hacer un reclamo ambiental es muy difícil”, aporta Sedlacek.
La activista vive en Rincón, localidad costera lindante con la ciudad de Santa Fe, donde los loteos avanzan sobre el humedal. “Los humedales se están ocupando para loteos y urbanización y no hay ningún criterio para eso, directamente se ocupan. No se nos convoca como ciudadanos para ver cuál es el impacto ambiental que va a tener determinada urbanización o determinado crecimiento de las ciudades”, ejemplifica.
Gutscher indica otros principios que faltan para garantizar el carácter precautorio de la protección ambiental en el texto constitucional. “In dubio pro acqua” e “in dubio pro natura” son dos conceptos en latín que significan que, cuando exista la posibilidad de afectación al ambiente o al agua por una actividad humana, se suspenda la actividad a modo de precaución. Es una forma que el derecho tiene de decir “mejor prevenir que curar”.
“Esto permitiría litigar antes de que sucedan los deterioros ambientales y no después, porque sabemos que después es muy difícil recomponer estos desastres”, explica el militante.