Por Candela Ramírez
Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) realizó el trabajo de georradarización del predio conocido como la Quinta de Funes, que entre 1977 y 1978 mantuvo secuestradas bajo tortura a 17 personas, durante la última dictadura militar.
La acción fue un consejo de este equipo de trabajo, que se dedica a buscar inhumaciones clandestinas, junto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial a la Mesa Promotora Quinta de Funes, que es un grupo de vecinos de la localidad que está trabajando desde hace un año y medio en la puesta en valor y cuidado del Sitio de Memoria.
Tal como publicó este medio, en diciembre de 2024 la gestión de Maximiliano Pullaro anunció gran inversión económica y disposición de personal para la recuperación edilicia del predio de dos hectáreas, así como su puesta a punto para que la comunidad pueda hacer uso del espacio y conocer su historia a través de visitas guiadas. El compromiso fue avanzar durante el primer semestre de 2025 y todavía no ocurrió pero la presencia del Eaaf podría indicar el paso previo.
Qué ocurrió en esta Quinta
Entre septiembre de 1977 y enero 1978 funcionó un centro clandestino de detención en este lugar. Si bien tanto la Provincia como el Eaaf y la Mesa confirmaron que no hay ningún testimonio que indique que en el terreno se pueden haber enterrado cuerpos de manera clandestina, la tarea del Eaaf descartará de lleno esta posibilidad.
Durante los años del genocidio, la Quinta de Funes estuvo bajo el control del Ejército, que alquiló esta casa a una familia. Diecisiete personas fueron torturadas, todos formaban parte de la organización Montoneros y sólo hubo un sobreviviente, Jaime Dri. Sus declaraciones fueron fundamentales para condenar a los militares responsables de estos crímenes. Dri, cuya historia fue narrada por primera vez en el libro “Recuerdo de la muerte” de Miguel Bonasso, se exilió en Panamá y falleció a principios de este año.
Ramón “Gato” Verón, director del área de Memoria Democrática de la Provincia, dijo a El Ciudadano que espera que la obra comience antes de fin de año. “La presencia del equipo esta semana pone en la agenda pública este trabajo que es importante para la memoria, para la Secretaría de Derechos Humanos y para todos los que participan de esta actividad porque no es que la memoria se borra de un plumazo y no podamos seguir hablando de esto”.
Verón es uno de los cientos de sobrevivientes del genocidio, fue liberado unos días antes del retorno democrático en 1983. Nunca dejó de militar.
Sobre el trabajo de georradarización, refirió: “Es una profilaxis de la memoria, una forma de protegerla y también de descartar posibles hechos. La ley ya indica que la construcción de arquitectura de cualquier obra, cuando hay movimiento de suelo si se encuentra un hueso compatible con un cuerpo humano se para la obra y se comunica a la Justicia. Incluso está comprometida una compañera del Ministerio de Cultura, Soledad Biasatti, que ha trabajado en otro espacio de memoria haciendo un registro fundamentalmente fotográfico, de todo lo que se hace, para después armar una muestra o un archivo o tener los registros mismos para decir ‘Acá se descarta que no ocurrió nada’ que podría haber ocurrido porque estamos hablando de un grupo de tareas criminal que se dedicó a secuestrar jóvenes y a maltratarlos, torturarlos y asesinarlos. Eso ya está investigado, juzgado y condenado”.
Enterrar cuerpos de manera clandestina fue una práctica común de las Fuerzas Armadas y los llamados “grupos de tareas” -policías y civiles armados- entre 1976 y 1983.
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización no gubernamental que trabaja desde 1984 en “recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contextos de violencia, combinando distintas disciplinas científicas”. Nació en este país atendiendo la cuestión de los miles y miles de desaparecidos pero rápidamente se convirtió en una organización de renombre mundial y es convocado por distintos países que padecieron o padecen este tipo de situaciones.
Su trabajo se constituye como evidencia en los juicios que investigan estos crímenes en Argentina. Para trabajar en la Quinta de Funes pidieron permiso a la Fiscalía de Rosario, a cargo de Adolfo Villatte, y su informe final será incluido en un expediente.
Juan Nóbile es el antropólogo a cargo del trabajo y en diálogo con El Ciudadano explicó: “Hicimos un trabajo de prospección del subsuelo, más que nada preventivo. En el sentido de que están planificadas algunas obras y modificaciones aquí en la Quinta y previo a que se hagan esas modificaciones lo recomendable es tener un análisis del subsuelo, ya que fue un centro clandestino de detención”.
Además, señaló que hicieron una planimetría “y en caso de que el georradar haya detectado algún tipo de anomalía, haremos algún sondeo exploratorio para ver de qué se trata”. Subrayó: “En este lugar no tenemos denuncias concretas o menciones de enterratorios clandestinos. De todas maneras, ante una posible modificación, hacemos este tipo de estudios que son más que nada preventivos”. Si bien los crímenes cometidos en esta Quinta ya fueron juzgados en la causa Guerrieri en 2010, es la primera vez que se hace un reconocimiento de este tipo en el suelo.
Si encuentran algún indicio, se procede directamente a hacer una excavación. El georradar que utilizan “es un lector de subsuelo, lee mediante ondas electromagnéticas que van hacia abajo, hacia subsuelo y cuando las capas naturales no tienen ningún tipo de modificación rebotan de una manera pero cuando hay alguna modificación pueden llegar a rebotar de una manera diferencial, lo que indica anomalías”.
Que haya anomalías no necesariamente significa que haya huesos pero sí indica
“que hay que explorar después ese terreno con excavaciones para determinar a qué responden esas anomalías”: “Es un aparato que permite ver el subsuelo sin excavar.
Por lo tanto, en predios tan grandes es recomendable esto y que te localice puntualmente los lugares que van a llevar excavaciones”, concluyó.
Además, Nóbile indicó que recomendaron que cuando efectivamente inicie la obra de restauración “esté presente un antropólogo de rescate para que cualquier elemento material que pueda llegar a servir para el reconocimiento del lugar sea guardado y tratado correctamente”.
Cronología
La Justicia federal de Rosario probó que entre septiembre del 77 y enero del 78, el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército mantuvo secuestradas a diecisiete personas en la Quinta de Funes. La misma formaba parte del mismo circuito represivo que la Escuela Magnasco (Ov. Lagos y Zeballos), La Intermedia (Timbúes), La Calamita (Granadero Baigorria), la Fábrica de Armas Domingo Matheu (Francia al 4800) y el Batallón de Inteligencia 121 (Lamadrid al 400).
Los crímenes cometidos en la Quinta fueron juzgados en la causa Guerrieri que ya lleva cuatro elevaciones. La primera condena fue en 2010 y, de hecho, fue la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en la ciudad.
A nivel nacional, este centro clandestino es muy conocido porque allí se ideó la Operación México, con el fin de secuestrar a la cúpula de Montoneros. El operativo, ordenado por los generales Leopoldo Galtieri y Luciano Jauregui, fracasó y la quinta fue desmantelada.
Las víctimas secuestradas allí fueron: Jorge Novillo, Stella Hilbrand de Del Rosso, Eduardo José Toniolli (padre del diputado nacional Eduardo Toniolli), Raquel Negro, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Angel Tossetti, Oscar Capella, Marta María Forestello, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Pedro Retamar, María Reyna Lloveras y Teresa Soria de Sklater, Tulio Valenzuela, Fernando “Pipa” Agüero y Jaime Dri. Dri fue el único sobreviviente, los demás fueron desaparecidos. Todavía se busca a uno de los dos mellizos que dio a luz, más tarde durante su cautiverio, Raquel Negro, en pareja con Valenzuela. Su hija Sabrina restituyó su identidad en 2011.
En 2016 la Quinta fue señalizada como Sitio de Memoria, la provincia de Santa Fe cuenta con al menos veinte sitios así. Se trata de lugares donde se cometieron los crímenes o donde se planificaron los secuestros y asesinatos cometidos durante la dictadura.
Desde 1983, el lugar pasó por diferentes propietarios hasta que en 2017 el Estado santafesino compró el inmueble y procedió a su expropiación. Los organismos de derechos humanos de la región denunciaron su abandono por varios años, la Mesa Promotora se conformó en 2024 y a finales de ese año la Provincia anunció la obra de restauración.