La merluza negra en el mar austral argentino es el producto estrella del lugar, como lo es el litio en la Puna, en el norte del país, o el gas no convencional de Vaca Muerta en la cuenca neuquina cordillerana.
Su captura es tan importante y relevante para las cuentas fiscales de las provincias que componen el Consejo Federal Pesquero como para las empresas del rubro que logran cupos de captura de una especie sumamente protegida por su escasez.
La merluza negra constituye un bien escaso debido a su hábitat en las profundidades subantárticas y a su pesca regulada. Como su volumen es mínimo, la parte que le corresponde a la Argentina es muy poca en comparación a la que se distribuye alrededor del mundo, donde los principales compradores son Estados Unidos, China y Europa.
Según las fuentes consultadas, este pescado es comparable a un wagyu de Kobe, un corte de carne de ternera, en cuanto a su valor comercial. Se trata de una pieza de gran tamaño y comparte la categoría de «pescado exótico» del mundo junto con el salmón de Alaska y el caviar de Rusia. Así de importante es su búsqueda y captura.
Millones de dólares en juego y unos pocos funcionarios nacionales de un consejo ignorado por el gran público son los que determinan los cupos de pesca en nuestro país. No solo de la merluza negra, sino también de otras especies como la merluza de cola y la merluza polaca que, a través de un canon que pagan las empresas, el Estado Nacional y las provincias que conforman el organismo, reciben un ingreso adicional de 19.000 millones de pesos.
Pues bien, como suele ocurrir con los reguladores, lo que comenzó siendo un rumor extendido acerca de prácticas non sancta, derivó en una denuncia que apunta a dilucidar si existieron pagos ilegales en el otorgamiento de las cuotas individuales transferibles de captura de merluza negra.
La causa fue presentada por los abogados, Fernando Burlando y Juan Tiberio, en nombre de Prodesur S.A., firma que se considera perjudicada por haber quedado fuera del cupo de explotación de ese recurso premium del Atlántico Sur. Según la presentación, varios integrantes del CFP habrían recibido «sumas en dólares» para inclinar su dictamen y favorecer a un reducido grupo de compañías, conformando un verdadero oligopolio en desmedro de la demandante.
La Justicia cita a involucrados y analiza movimientos en cuentas bancarias
Según trascendió en fuentes tribunalicias, el juez federal Ariel Lijo, ya trabaja en medidas de prueba y en posibles citaciones a funcionarios que integran el Consejo.
Si el tribunal logra acreditar cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público, el antecedente podría abrir la puerta a una reforma integral del sistema: desde aplicar mayores controles patrimoniales hasta licitar públicamente las cuotas, tal como ya prevé la Ley 24.922, pero rara vez se practica en la actualidad.
La cuestión del sospechado funcionamiento del Consejo Federal Pesquero fue materia de atención en Casa Rosada por el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca acelerar todas las reformas estatales posibles antes del fin de los superpoderes delegados al Presidente, Javier Milei y que tienen fecha de caducidad el próximo 8 de julio.
La maniobra denunciada se funda en el régimen de cuotificación de pesca que se basa en un sistema de otorgamiento de cupos que data del año 2009 y fue siempre criticado por discrecionalidades varias.
Fue creado mediante la resolución CFP 49/09 y dispone que cada empresa, además de contar con el permiso de pesca, debe tener un cupo de captura por la especie que el Consejo disponga. Este cupo es en términos legales una concesión estatal, que habilita a las empresas del rubro a llevar adelante la explotación de la pesca, de la especie autorizada.
Además, la denuncia presentada por el estudio de Burlando, logró unificar otro expediente explosivo sobre la misma materia que se tramitaba en los tribunales federales de la ciudad de Mar del Plata.
El expediente se unificó con la causa 9027/2024, impulsada por el diputado provincial Gustavo Arnaldo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Legislatura bonaerense, quien aportó documentos y testimonios que respaldan la hipótesis de pagos indebidos dentro del CFP.
Para la acusación, la consolidación de ambos legajos refuerza el cuadro probatorio y acelera la posibilidad de que el juez Ariel Lijo cite a indagatoria a los funcionarios involucrados antes del receso invernal que comenzará el próximo 21 de julio.
En la investigación, ya se libraron oficios a la Prefectura Naval y a la Dirección Nacional de Pesca para acceder al historial de capturas y a los movimientos bancarios de los consejeros investigados. También se analizará si existieron sociedades vinculadas en el exterior que pudieran haber canalizado los supuestos sobornos.
Mientras que en el estudio encabezado por Burlando evitan calificar públicamente acerca de la causa, en los pasillos de Tribunales, se descuenta que el caso tendrá impacto político: el Consejo integra a representantes de Nación y de las provincias con litoral marítimo, varios de los cuales aspiran a cargos legislativos en 2025.