Este lunes 26 de mayo se desarrolló una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, en la que el diputado nacional del PTS e integrante de la comisión, Nicolás del Caño, exigió el tratamiento urgente de La ley de Emergencia votada en esta Comisión.
La situación de todas las personas con discapacidad y de quienes trabajan en ese sector venía siendo degradada desde hace años, sin embargo, desde que asumió el Gobierno de Milei se agravó de sobremanera. Se han multiplicado las denuncias de personas afectadas por los recortes en las pensiones y hay muchos centros e instituciones en pie de lucha.
En la ciudad de Esperanza, el miércoles pasado un importante número de personas se reunieron para demandar una respuesta a las necesidades de profesionales que en su mayoría, como monotributistas cobran sumas de indigencia, o que deben esperar 3 o 4 meses para que les paguen las obras sociales, que no hay continuidad en la cadena de pagos, y que la situación es insostenible. Desde el Foro para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciaron, una vez más, el brutal desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional, que vulnera derechos fundamentales garantizados por ley. Servicios educativos, terapéuticos, de transporte y de atención integral se ven afectados por decisiones que desconocen la Ley 24901 y atentan contra la vida digna.
En diálogo con Valeria, terapista ocupacional, nos cuenta que cobran lo mismo que desde septiembre del 2024. «¿Cómo sostenemos las prestaciones con tremendo desfasaje acumulado, mientras todo aumenta? Si consideramos de enero a abril de este año, una inflación acumulada de más del 10%, mientras que los aranceles continúan congelados… la situación es insostenible».
En la ciudad de Santa Fe, un importante número de convocados se manifestó el jueves por la noche pese a las bajas temperaturas. Bajo la consigna «Una luz por la discapacidad», prestadores de servicios para personas con discapacidad, familias y organizaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad se movilizaron para visibilizar la problemática y exigir pagos en tiempo y forma, y una urgente actualización de aranceles congelados desde diciembre de 2024.
El reclamo en las ciudades de Esperanza y Santa Fe también se replicó en al menos once provincias del país, preanunciando lo que sucedió en el día de la fecha en Capital Federal, en donde los trabajadores de la salud y de discapacidad rompieron el protocolo antipiquetes cortando la calle frente al Congreso nacional. Cientos de personas, de organizaciones sociales, ONGs, familias y trabajadores del sector, que denuncian recortes, demoras en pagos y la falta de acceso a tratamientos esenciales, se movilizaron para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La quita de las prestaciones, las auditorias con amenaza de quita de las pensiones no contributivas que son de por sí montos miserables, ha agravado aún más la situación precaria de quienes atraviesan estas situaciones dramáticas.
En Buenos Aires, se trató de la movilización más grande de los últimos años de la comunidad de Discapacidad, con gran protagonismo de jóvenes trabajadoras y trabajadores (psicopedagogos, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, entre otros) máximos perjudicados por ser monotributistas y estar en condiciones de extrema precariedad laboral.
Esta pelea tiene que articularse con todos los sectores en lucha, como jubilados y los residentes del Garrahan, del Bonaparte, los docentes, choferes de colectivos, trabajadores despedidos, y junto a todo el pueblo trabajador afectado por las políticas de ajuste de Milei.