Fotos: Paula Sarkissian
Los rosarinos se movilizaron de nuevo este sábado en la versión local de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM). Se trata de una convocatoria global que reúne a comunidades cannábicas, activistas, organizaciones sociales y usuarios. La concentración comenzó a las 13 en plaza San Martín y dos horas después comenzó la recorrida hasta el Parque Nacional a la Bandera bajo el lema “Por una nueva ley de drogas con perspectiva de derechos humanos. ¡Basta de personas presas por marihuana!”.
En el punto final del recorrido hubo después recitales, actuación de DJs, mesas con información sobre la planta y sus usos, además de lectura de documentos que dieron cuenta del particular y complejo momento que sufren los usuarios en la Argentina.
Para atrás, a contramano del mundo
El eje de la marcha, esta vez, fue el reclamo de reforma de la Ley de Drogas 23.737. Tiene ya 35 años y se tornó obsoleta. Entre otras cosas, porque en ese lapso se produjo mucho conocimiento riguroso sobre el cannabis, sus usos medicinales e industriales y su cultivo. En todo el planeta cambió la óptica, pero en el país la normativa permanece igual y al servicio de la criminalización del uso, la tenencia y el cultivo de la caña.
“Mientras otros países avanzan hacia modelos de regulación legal basados en la salud pública y los derechos humanos, Argentina se mantiene anclada en un paradigma punitivo sin resultados”, describieron los organizadores rosarinos de la marcha sobre el contexto. Es que hubo mejoras legales en los últimos años que se empantanaron con la gestión nacional de La Libertad Avanza.
La modernización de la mirada que implicaron las recientes leyes sobre el cannabis medicinal (27.350) y el cáñamo industrial (27.669) chocan con los obstáculos puestos por diferentes áreas del Gobierno. Con regulaciones irracionales y suspensión de herramientas, bajo la excusa de abusos o malas interpretaciones de las normas. Son ejemplos los retrocesos experimentados en el funcionamiento del Reprocann (Registro , INASE y Ariccame dificultan el ejercicio efectivo de esos derechos y el desarrollo de la industria.
Rosario, contra las políticas punitivas
Las organizaciones que se movilizaron en la ciudad denunciaron un retroceso en derechos vinculados al cannabis, como el acceso a la medicina y el desarrollo de la industria del cáñamo.
“Estamos viviendo la avanzada de las políticas anti derechos y esto también se expresa en los usuarios y productores de cannabis», señaló Paula Sarkissian, integrante de la Casa de las Flores.
La militante cuestionó al Gobierno nacional y al provincial. Por la estigmatización de Rosario en declaraciones del presidente Javier Milei como la «ciudad del narcotráfico» y por la voluntad del gobernador Maximiliano Pullaro, dio, de «asociar los problemas de seguridad a problemas de conducta relacionados al consumo», con lo que se vincula a la marihuana con el delito.
Y la policía
“Nos preocupa profundamente el hostigamiento policial, especialmente sobre sectores vulnerables, donde se aplica la portación de cara y de color. Parar, pedir documento y detener está siendo un modus operandi de la policía con el objetivo de meter miedo», agregó sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
Emanuel Ramírez, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cannabis Argentum, añadió la situación que atraviesan las empresas y cooperativas que invierten en la cadena productiva del cannabis. «Hoy los ensayos están en peligro porque el 31 de mayo vencen las licencias y el gobierno no está permitiendo renovar aquellas que ya han sido otorgadas. Por un lado se está destruyendo la producción y por otro es difícil acceder a la medicina”, reprochó.
Silvia Inchaurraga, secretaria general de ARDA, recordó que la marcha «nació en Rosario en 2002 y hoy ha crecido y convoca no solo a organizaciones llamadas cannábicas sino también a ciudadanos interesados por la problemática».
La activista e investigadora agregó que la ley de Drogas sigue penalizando a quien posee sustancias en pequeñas cantidades para consumo personal. Apuntó a la vez «un retroceso» en la aplicación de la ley, «con detenciones e incautaciones de pequeñas cantidades para consumo personal». Y marcó una impronta punitiva que se esgrime como una solución, falsa, al problema del narcotráfico y la inseguridad.
Ramírez coincidió en marcar como erróneas las políticas públicas basadas en la represión: «El real daño que genera el cannabis no tiene que ver con el uso sino con la cadena de comercialización” ilegal, fomentada por las restricciones que impone el Gobierno nacional para el cultivo y el uso propio.
Los reclamos
● Nueva ley de drogas integral, basada en derechos humanos, salud pública, perspectiva de género
y justicia social. Basta de personas presas por marihuana.
● Amnistía general y reparación histórica para todas las personas criminalizadas por marihuana.
● Retroactividad de la Ley 27.350, sobreseimiento y cancelación de antecedentes penales
y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo.
● Regulación federal, cooperativa y comunitaria del cannabis.
● Reconocimiento del trabajo digno del sector del cannabis.
● Acceso gratuito a estrategias de reducción de riesgos y daños.
● Basta de violencia institucional a quienes plantamos identidad. Capacitación obligatoria y
con perspectiva de derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad, el poder judicial,
legislativo y ejecutivo.
● Producción y difusión pública de información científica, empírica y culturalmente situada sobre
todas las sustancias.