La resolución 448/2025 que aprueba el Plan 90/10, formalmente conocido como Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada, tiene a Rosario como la ciudad con máxima prioridad para que la medida entre en vigencia. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que impulsó esta iniciativa, plantea un trabajo en conjunto con gobernadores para lograr bajar la cantidad de homicidios en distintos puntos complicados del país.
En su fundamentación, la resolución que aprobó el Plan 90/10 considera que «la tasa de homicidios en Argentina se mantiene en niveles relativamente moderados comparada con otros países de la región». Pero, a su vez, destaca que «persisten focos críticos en ciertas áreas urbanas y territorios con alta vulnerabilidad social».
«El fenómeno de los homicidios en Argentina presenta una distribución geográfica desigual, con tasas más altas, donde la combinación de factores como la narcocriminalidad y la marginalidad social favorecen el control territorial por parte de los grupos criminales», continúa el texto.
El nombre del plan se debe a que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país (unas 193 localidades) que, a su vez, concentran el 70% de la población total argentina.
Los objetivos del Plan 90/10
Entre los principales ejes de trabajo, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich explicaron que se tomarán acciones inmediatas en zonas críticas, con intervenciones focalizadas en los municipios con mayor incidencia de homicidios. Entre los principales ejemplos aparece primero Rosario, y siguen Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Esteban Echeverría, General Pueyrredón, Godoy Cruz, Las Heras y Córdoba Capital.
“Tenemos como premisa y prioridad terminar con las organizaciones criminales, desde las más pequeñas hasta las de estructuras complejas con alcance trasnacional”, afirmó Bullrich.
Para ello, la base será, indicaron desde el Ministerio, la «utilización de herramientas estratégicas» para una «persecución penal inteligente»: «Habrá un despliegue territorial combinado con investigación judicial y abordajes preventivos, además de incorporación de tecnologías como videovigilancia, georreferenciación e inteligencia artificial para optimizar las operaciones».
Armas de fuego
También remarca la necesidad de «disminuir la circulación y uso ilegal de armas de fuego, reducir los factores de riesgo que generan violencia letal, desarrollar políticas de prevención y aumentar los niveles de confianza y cooperación entre la comunidad y las fuerzas policiales y de seguridad federales».
«El enfoque será integral y multifocal, con coordinación entre municipios, provincias y Nación, abordando, simultáneamente, diferentes problemáticas como violencia intrafamiliar y robo de motos», añadieron.
A su vez, la premisa es recolectar todos los datos posibles para medir el alcance de los impactos del plan, con el fin de «diseñar estrategias a largo plazo».
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La resolución establece que el plan tiene como objetivos específicos «desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal en los territorios seleccionados». En ese sentido remarca la intención de «recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad donde el Estado ha perdido presencia frente a actores violentos».