Luego del reciente anuncio de la disolución de la AFIP el Gobierno de Javier Milei con la llamada «motosierra deep» funcionando a pleno prepara la transformación o el cierre de otro organismo emblemático que en los últimos años fue copado por el kirchnerismo y por el Frente Renovador de Sergio Massa.
Se trata del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), un organismo público de carácter autárquico y descentralizado, que funciona en la secretaría de Innovación Tecnológica a cargo de Darío Genua, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros pero que hoy depende directamente del asesor presidencial Santiago Caputo.
Tras disolver AFIP, Javier Milei pone al Enacom bajo la lupa
El ENACOM, cuyo interventor Juan Martín Ozores fue designado hasta marzo de 2025, y cuya intervención de se prorrogó en julio por otros 180 días, fue creado en 2016 en el Gobierno de Mauricio Macri por un DNU y se encarga del cumplimiento de la Ley 26 522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley 27 078 Argentina Digital, conocida como Ley de Telecomunicacione que hasta ese momento era responsabilidad del AFSCA y AFTIC creados por el kirchnerismo.
En ese aspecto hay que destacar que en la conferencia de prensa de ayer del secretario de Medios Manuel Adorni además de anunciar la futura disolución de la AFIP también hizo importantes anuncios que van en línea de una futura disolución del ENACOM.
La primera iniciativa que mencionó Adorni es la licitación de los 100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a la empresa ARSAT para comunicaciones móviles que, señaló, no se encuentra en uso y la puesta a disposición de los 50 MHz que se encuentran en manos del organismo regulador.
«Estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos van a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país con mejores condiciones de prestaciones de servicios y menos privilegios de las empresas públicas», explicó Adorni.
También anticipó que el Estado nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas de todo el país. «Es representativo de un monto aproximado, este contrato de 60.000 millones de pesos anuales», detalló.
Adorni señaló que la Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la gestión del ENACOM vinculada a la administración de recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, conocido como FFSU. El periodo auditado comprende del 1 de enero del 2019 al 31 de agosto del 2020.
En tanto, siguiendo los lineamientos del Decreto 70/2023, que incluyen modificaciones a la ley 27.078, Adorni destacó que «el ENACOM el Gobierno va a derogar la Resolución 1.491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación. Con esto van a quedar corregidas las asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales».
Por último, Adorni detalló que la auditoría arrojó como resultado que las empresas prestatarias debían más de $3.000 millones en los conceptos de aportes de inversión del FFSU.
«Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio ente. En virtud de esto, el Estado Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria», remarcó.
Además destacó que «estas medidas van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores, de esta manera el gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios».
Para entender hacia dónde va el ENACOM, hay que destacar la tarea que viene realizando desde abril el secretario de Innovación Tecnológica, Darío Genua, un Licenciado en Administración de Empresas recibido en la UCA.
Desde abril, el ENACOM a través de la Resolución ° 7/24 (B.O. 03/04/24), dispuso «el cierre operativo de las Delegaciones Provinciales del ese Ente Nacional de Comunicaciones en todas las provincias, quedándose únicamente con la sede de CABA. Asimismo, en septiembre se anuló el decreto que intervenía en los precios de la telefonía y se permitió que cada compañía vuelva a fijar sus costos libremente».
Hoy, la red federal del ENACOM se ha visto reducida como parte de la política de recortes del sector público por parte del gobierno de Javier Milei. El ente, a cargo de Martín Ozores, efectuó el cierre de 28 de sus delegaciones en todo el país, con el despido de la totalidad del personal que allí se desempeñaba incluido, alrededor de 300 personas.
La orden se hizo efectiva el 1 de abril y se estableció un período de 60 días para «atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales».
En ese sentido, la disposición estipuló asignar «una dotación mínima de agentes» que garantice la realización de las tareas de cierre y que elaboren «un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales».
En este sentido, se estableció que los ciudadanos podrán hacer sus reclamos desde el portal de Trámites a Distancia (TAD).
Paralelamente, se logró que los Centros de Comprobaciones Técnicas continuan operativos, asegurando así la continuidad de los procesos de verificación y control técnico.
Disolución del Enacom: ¿cuánto puede ahorrar el Gobierno?
Desde el ente regulador, aseguraron a iProfesional que, entre sueldos, alquileres y gastos generales se generaba una erogación de 6.600 millones de pesos anuales para una demanda que no se justificaba.
La desregulación de precios en las telecomunicaciones se dio en septiembre con la decisión de anular el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia.
Lo concreto es que desde la llegada de Genua hay una decisión política de respaldar a las compañías privadas. Antes de llegar al la secretaría de Inovacion Teconologica Genua se desempeñaba como jefe de Gabinete en el ENACOM paso luego a y encabezar el ente regulador de las telecomunicaciones bajo la órbita de Guillermo Francos, en Jefatura de Gabinete pero bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.
La designación de Genua fue publicada en el boletín oficial a partir del 6 de junio de 2024, en el cargo de Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Genua ya estuvo en el ENACOM como director en la presidencia de Mauricio Macri.
De acuerdo a un comunicado que envió luego de su designación desde posee «un firme compromiso con el desarrollo de la innovación en los procesos tecnológicos y normativos para la creación de nuevos contenidos digitales.
Genua es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA) y además es fundador de OpenAgro, una compañía que maneja fideicomisos en la Argentina. Previo a ocupar su cargo en ENACOM fue parte del directorio de la empresa Telecom Argentina como representante del Estado entre 2015 y 2018, durante la gestión de Cambiemos. Paralelamente, en su currículum también figura haber sido en 2023 el secretario de Economía y Hacienda en el municipio bonaerense de Pilar, respondiendo al intendente del Partido Justicialista (PJ) Federico Achával.
Hay que recordar que el Gobierno dispuso la intervención del Enacom el 29 de enero. La medida se realizó con la intención de quitarle el peso del Estado a las empresas que deseen operar en Argentina.
En ese entonces, para el Gobierno «el Enacom se encontraba sobredimensionado» y estancado desde finales de 2020.
Por eso dispuso la intervención, con el objetivo de evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizarlo y profesionalizarlo al servicio de los argentinos.
Se dispuso que la intervención fuera encabezada por tres profesionales con una larga trayectoria en el sector, tanto en la gestión pública como privada. Se trataba de Juan Martín Ozores, licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional,Patricia Roldán, abogada especialista en telecomunicaciones con más de 30 años de carrera en el área jurídica del ENACOM y los diferentes organismos estatales de comunicación; y Alejandro Pereyra, también abogado especializado en telecomunicaciones y exdirector del ENACOM entre 2016 y 2019 pero ahora solo queda Ozores.
Los datos del Gobierno muestran que el ENACOM solo consume el 66% de lo que recauda y el resto lo aporta al Tesoro. Es decir, que es superavitario y tiene aprobado financiamiento por u$s40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para control de espectro. Y este año también podría recaudar dólares con una subasta de espectro 4G no utilizado, aunque la compulsa no sería con fines recaudatorios, ya que la mirada de la actual gestión sería «más de desarrollo».
Entre los proyectos que tiene Genua está el replanteo o la desaparición del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, al que aportan las empresas de telefonía un 1% de su facturación anual para cerrar la brecha digital.
Actualmente, el FFSU asciende a $110.000 millones y la deuda con las cooperativas, que están presentando las rendiciones de fondos, ascendería a $20.000 millones.
Según la última auditoría que realizó el ente, hay ineficiencias en la utilización de recursos (se ejecutó menos del 50% de los fondos), se distribuyeron Aportes No Reembolsables (ANR) en zonas con cobertura de internet como el AMBA y se avaló un costo por hogar conectado 5 a 6 veces más caro (u$s900 contra los u$s170 o u$s180 de costo que tiene una telco en el AMBA).
«En el caso puntual de los aportes no reembolsables financiados con fondos del Servicio Universal, el objetivo es pasar a un modelo superador, que no solo financie la oferta de servicios, sino que también contemple la demanda, dando herramientas a los usuarios para que se puedan conectar a los servicios TIC», explicó Ozores en un reciente seminario de tecnología que se desarrolló en CABA.